Inhabilitan a funcionarios por compra de anteojos a $6 mil

CHIHUAHUA, Chih, 26 de noviembre de 2024.- Luego de una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado (ASE), El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) sancionó a dos servidores públicos por irregularidades en la adjudicación de contratos a proveedores de anteojos infantiles para beneficiarios del Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI). Esto data desde el año 2018.

Según el portal informativo Tiempo.com.mx, la sanción, que incluye inhabilitación por un año para ocupar cargos públicos, responde a irregularidades detectadas en el manejo de recursos destinados a apoyar a familiares de policías caídos en el cumplimiento de su deber.

Durante la revisión del ejercicio financiero de 2018, la ASE determinó que un monto de 3 millones 193 mil 479 pesos del fideicomiso fue utilizado de manera indebida en contratos para exámenes de agudeza visual y compra de lentes. Aunque el programa estaba orientado a beneficiar a hijos e hijas de víctimas del crimen organizado, se detectaron irregularidades graves en la adjudicación de los contratos y en el costo de los servicios.

La auditoría reveló que los contratos fueron divididos en tres partes para eludir la obligación legal de realizar una licitación pública, estipulada en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Esto permitió adjudicaciones directas a Ricardo Humberto Márquez Jasso, GRUPO RULAND, S.A. DE C.V. y BARI NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V., por montos de 1 millón 073 mil pesos, 1 millón 057 mil 919 pesos y 1 millón 062 mil 560 pesos, respectivamente.

Aunque los proveedores estaban inscritos en el padrón estatal, ninguno tenía experiencia en optometría, lo que derivó en una contratación irregular. Además, se detectó un sobreprecio significativo, ya que los lentes adquiridos tuvieron un costo promedio de 6 mil pesos por unidad, según cálculos de la ASE.

Los funcionarios inhabilitados, identificados como H.E.C.P. y B.R.P., participaron directamente en el dictamen que permitió evitar la licitación pública. H.E.C.P. desempeñaba el cargo de jefe del Departamento de Servicios y Adquisiciones de la Fiscalía General del Estado, mientras que B.R.P. era asesor técnico de la Dirección de Administración y Enajenamiento de Bienes y Fideicomisos. Ambos también formaban parte del Comité Calificador de Propuestas del FANVI.