Constitución a la carta y demagogia sin sentido

Resulta paradójico que en una sociedad con bajos niveles de cultura de la legalidad, donde es frecuente observar conductas de simulación sobre el cumplimiento de la ley e incluso la flexibilidad extrema del orden legal, pues puede modificarse para satisfacer el uso del poder por encima de los principios que dieron lugar a la norma, exista una reiterada propensión a buscar la solución de los problemas, reales e imaginarios, con la emisión de leyes y, aún más, de modificaciones a la Constitución.

A unas jornadas de la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias de la presente Legislatura Federal, la responsable de la presidencia de la República y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anuncian propósitos reformadores para la Ley Fundamental. Es, desde luego, una derivación de la súper mayoría de Morena y sus aliados en esa cámara y en el Senado, y de la mayoría homóloga en más que el número suficiente de Legislaturas locales para llevar a cabo el procedimiento del artículo 135.

Se ventilan los propósitos de Palacio Nacional y sus mayorías como ejercicio de socialización urbi et orbi, no como exposición de planteamientos para buscar entendimientos amplios y construir acuerdos en la pluralidad y menos para explorar la pertinencia de las adecuaciones planteadas. Se asume la Constitución como el receptáculo de la voluntad del régimen, que se transmuta para ser la Norma Suprema del movimiento en el poder. El pueblo y la mayoría se identifican; si no se está en esta última, no se pertenece a aquél, al menos para efectos de la participación en la dirección del Estado.

Con su propio proyecto, coincidente en los componentes fundamentales con el del expresidente López, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado a la Comisión Permanente su iniciativa de reformas para establecer al maíz como elemento de identidad nacional, cuyo cultivo deberá estar libre de transgénicos y la política pública de que en el campo del país no se siembre ni cultive maíz genéticamente modificado. En lo político, al menos, es una iniciativa a su cuenta. Se busca apelar a la concepción de lo nacional a la luz de las tradiciones alimenticias y culinarias.

Además, se advierte de modificaciones en materia electoral en dos fases: la inmediata sobre desandar la reelección consecutiva en los cargos legislativos y en los Ayuntamientos de los Estados y las Alcaldías de la Ciudad de México, y para incorporar la no elegibilidad de cónyuges y parientes de las personas titulares en funciones; y la mediata de revisión integral del sistema electoral. Sobre lo más próximo habrá que conocer la iniciativa para valorar sus detalles, pero se desandaría una de las coincidencias del PAN y del PRD en el Pacto por México y la reforma constitucional de 2014, que el PRI cedió en aras del consenso para el tránsito exitoso del conjunto de modificaciones político-electorales de esos acuerdos.

Volverán a confrontarse las consideraciones sobre si los beneficios son mayores a los inconvenientes de poder ir de nuevo a las urnas, con base en el desempeño del cargo que lo permite. Si bien el razonamiento de que las personas electoras evalúan la gestión y la refrendan o la rechazan es común a los encargos con reelección, como puede serlo el de la “profesionalización” o buen uso de la experiencia acumulada en la superación de la “curva de aprendizaje”, la idea del control ciudadano de la figura fue atemperada por la regla de la postulación a cargo del mismo partido si la persona interesada no renunció a aquél antes de la mitad del desempeño del mandato obtenido.

Y, desde luego, el ángulo de mayor profundidad: limitar la libre circulación de la clase política, pues se cierran las opciones por un cierto tiempo para la renovación de sus titulares. Cierto que la reelección consecutiva de legisladores fue la norma hasta 1933 y la consolidación del partido de los revolucionarios como formación hegemónica, así como la sujeción del poder legislativo al ejecutivo.

En lo que parece ser la vuelta a la regla precedente y sus 85 años de historia, la nueva fuerza hegemónica encuentra más ventajas en la renovación integral de las cámaras cada 3 y 6 años, respectivamente; y en mandatos municipales sin el horizonte de uno adicional consecutivo. Son componentes para afirmar la concentración del poder en la presidencia de la República.

Al calor de la avasalladora retórica del presidente estadounidense Donald Trump y las acciones consecuentes que anuncia, como el otorgamiento de connotaciones legales en su país a los carteles de las drogas que actúan en México, el Diputado Ricardo Monreal Ávila afirma el propósito de modificar la Constitución para fortalecer sus disposiciones protectoras de la soberanía nacional -parece que en vinculación al territorio y la prevención de ejecuciones unilaterales contra esas expresiones de la delincuencia más peligrosa- y profundizar el principio de no intervención de países extranjeros en los asuntos internos del nuestro.

Dice el refrán: “para todo mal, mezcal; y para todo bien, también”. En San Lázaro parecen emularlo con “para todo mal, lo legal; y para todo bien, también.” ¿De verdad le falta algún componente a la Constitución Mexicana para darle claridad a la naturaleza y características del Estado conformado al momento de la independencia del Reino de España? ¿De verdad es necesaria alguna adición para reafirmar que sólo al Estado Mexicano compete la acción pública gubernamental en sus ramas legislativa, ejecutiva y judicial?

Más bien parece demagogia condescendiente. ¿Acaso no bastan las plenas facultades conferidas al poder ejecutivo en materia de seguridad nacional y de seguridad interior y defensa exterior de la Federación (fr. VI del art. 89)? ¿El deber de la Federación de actuar contra toda violencia exterior en el territorio de una entidad federativa (primer párrafo del art. 119), que sería en el territorio nacional? ¿O las facultades en materia de extradición (tercer párrafo del art. 119)? Son sólo desdoblamientos de la soberanía nacional (art.39) y la voluntad de su depositario original por organizarse políticamente como república representativa, democrática, laica y federal, con base en la Ley Fundamental expedida (art. 40).

Las amenazas de Donald Trump y los riesgos que implica demandan mucho más que un “detente” en la Constitución. La cooperación que plantea la presidenta Sheinbaum se construye con diálogo y confianza, no con demagogia legislativa.