
Reabren Pirámide de la Luna tras 5 años de cierre
Tras la Semana Santa, una de las festividades religiosas más significativas para los católicos, reflexiono sobre la situación que enfrenta México en vísperas de una elección histórica que definirá a quienes administrarán justicia en nuestro país. La comparación con Poncio Pilato no es casual: en aquel relato bíblico, el gobernador romano enfrentó la difícil decisión de liberar a Jesús o ceder ante la presión popular, entregándolo a la crucifixión. De manera similar, hoy nos encontramos ante un proceso en el que las decisiones que tomamos, y la forma en que participamos, determinarán el rumbo de la justicia en México.
Hace más de dos mil años, en Jerusalén, la situación parecía estar teñida por la misma tensión que ahora vivimos en nuestro país. Jesús, recibido con honores, fue entregado a Pilato por un pueblo dividido y con intereses que en su momento —como ahora— parecían superar las cuestiones de justicia y verdad. La historia nos demuestra cómo una decisión puede tener consecuencias profundas y duraderas, y nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos en momentos cruciales.
Estamos a pocos días de concluir un proceso electoral sin precedentes en la historia de México, donde se decidirá quiénes serán los encargados de impartir justicia en diferentes ámbitos. La elección del 1 de junio, en medio de impugnaciones y constantes cambios en la política nacional, representa una oportunidad y un reto a la vez. Podemos ser un ejemplo a nivel internacional de participación democrática, o, por el contrario, convertirnos en el hazmerreír de la comunidad internacional si permitimos que la apatía, la desinformación y la falta de interés prevalezcan.
Este proceso es especialmente relevante en el ámbito local, donde se renovarán 305 cargos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. En esta elección, al igual que en cualquier otra, encontramos una diversidad de perfiles, ideologías y trayectorias profesionales. Muchas de esas candidaturas provienen de amigos y conocidos que, a través de diferentes etapas en la universidad, en instituciones públicas o en el ejercicio profesional, han llegado a esta instancia.
Sin embargo, a diferencia de las elecciones tradicionales de cargos públicos, aquí no hay un ganador y un perdedor, sino más bien muchos ganadores y muchos perdedores, pues el propósito es renovar la confianza en quienes ocupan los puestos de juzgadores.
Hace unos días compartí mis inquietudes con amigos expertos en Derecho y comprometidos con la profesión. La situación es compleja: en medio de un país polarizado, con ciudadanos desinteresados en temas que nos afectan directamente, y sin reglas claras que incentiven la participación ciudadana, el futuro de esta elección resulta incierto. La participación prevista, según declaraciones de nuestras autoridades, apenas alcanzará entre el 10 y el 12% del padrón electoral, es decir, aproximadamente 340 mil personas en Chihuahua, que emitirán su voto de forma libre y consciente en favor de alguno de los 192 candidatos.
Estas cifras plantean un reto logístico y político importante para las autoridades, y también para la ciudadanía, quienes deben entender que su voto no solo define a quienes administrarán justicia, sino que también refleja nuestra madurez democrática y nuestra capacidad de participar en los procesos políticos. La reforma judicial, que nunca pedimos en su momento, ya está aquí, y ahora toca el momento de hacer que su implementación sea un ejemplo de participación efectiva, de transparencia y de compromiso con la justicia.
No podemos quedarnos al margen ni permitir que la apatía o la desinformación nos hagan perder una oportunidad histórica. Esta elección tiene el potencial de convertirse en un referente nacional e internacional, no solo por las decisiones que se tomen, sino por nuestra capacidad como mexicanos de involucrarnos en los asuntos que definen nuestro destino como sociedad. La historia de Jesús y Pilato nos recuerda que, en momentos decisivos, la postura de cada uno puede marcar la diferencia entre un futuro de justicia y equidad o uno marcado por la impunidad y la injusticia.
Es hora de que asumamos con responsabilidad nuestro papel en la construcción de un México más justo y participativo. La elección del 1 de junio no es solo un acto político, sino una oportunidad de reafirmar que, en nuestras manos, también está el destino de la justicia en nuestro país.