En una manifestación de los juegos del lenguaje que tanto nos atraen para decir las cosas con otro nombre, en México reservamos la figura de la observación electoral para quien tenga la ciudadanía de nuestro país, y denominamos como visitantes extranjeros a quienes hacen esa observación sin ser nacionales. Con motivo de los comicios judiciales de este domingo, han arribado a nuestra República diversas misiones con ese propósito. Escucharán los más disímbolos puntos de vista y opiniones. Me dirijo a esas misiones con el ánimo de aportar, con respeto, una perspectiva severa sobre el contexto.

Visitantes extranjeros:

Su presencia en estos días les ofrece el panorama de un país crecientemente polarizado entre la decisión de votar o no votar; es una pista hacia el asunto de fondo: la legitimidad de las decisiones que llevaron al proceso, la jornada comicial y, probablemente, sus resultados.

Usaré una metáfora común para una audiencia conocedora e informada, con la esperanza de que resulte ilustrativa.

No acuden ustedes a un proceso electoral o a una jornada comicial donde deben observarse y ponderarse los principios de una competencia presidida por la libertad, la igualdad, la equidad y la justicia.

Acuden a presenciar los restos de un naufragio; el naufragio del contrapeso del control judicial de los poderes ejecutivo y legislativo y sus implicaciones para la pervivencia del Estado democrático de derecho en México.

En la flota del Estado nacional, los capitanes de los buques del ejecutivo y del legislativo, controlado éste por una mayoría ilegítima -afín al ejecutivo-, que careció del respaldo suficiente en las urnas, resolvieron desmantelar y destruir el crucero judicial para sustituirlo por una embarcación de mero acompañamiento y, quizás, de cabotaje.

Con respeto, los invito a observar estos comicios con base en el contexto en el cual se convocan, organizan y resuelven o resolverán las controversias que suscita:

(i) Las reglas que los rigen carecen de diálogo, entendimientos y mínimos acuerdos de la pluralidad política en el Congreso. Tan solo por la dimensión y consecuencias de establecer “nuevos” poderes judiciales federal y locales, hay una parte representativa de la ciudadanía que fue excluida deliberadamente.

(ii) Los órganos electorales funcionan con mayorías capturadas por el gobierno y su partido. Muestras de ello sobran, pero baste la ausencia de voluntad para llevar a la Corte la solución de las diferencias por una asignación presupuestal insuficiente, y la articulación de una mayoría de tres en un Tribunal Electoral incompleto por voluntad de Morena en el Senado, que abrumadoramente resuelve de acuerdo al interés del gobierno.

(iii) Las postulaciones de candidaturas de personas afines y ya “apalabradas” para ser favorecidas por la movilización gubernamental vinculada al partido oficial y los programas sociales. Los “acordeones” con la indicación de por quienes votar en unas boletas demasiado complejas no delatan una plantilla-planilla homogénea en el país, pero sí las coincidencias de corrientes políticas gubernamentales y de otros ámbitos para influir el voto.

(iv) La vulneración de la igualdad del voto de cada persona ciudadana, porque diversos cargos nacionales -los juzgadores en materia de competencia, telecomunicaciones y concursos mercantiles, por ejemplo- solo serán elegibles en demarcaciones electorales judiciales donde la historia reciente arroja resultados a favor del partido del gobierno.

(v) La afectación de la certeza por la ausencia de medios prudenciales en una sociedad con un pasado de manipulación de las boletas, para invalidar las no utilizadas en la jornada al momento de cerrar la casilla y proceder a abrir las urnas.

(vi) Y la movilización que habrá en el territorio el domingo 1 de junio para que las personas beneficiarias de subsidios gubernamentales directos acudan a votar por la planilla-plantilla del “acordeón” proporcionado por los gestores de esos programas.

El naufragio ocurrió el 15 de septiembre de 2024 con la publicación de la reforma constitucional sobre los poderes judiciales.

Valorar el salvamento de una parte de la tripulación y de las personas pasajeras, que sería una forma primaria de observar el proceso electoral, busca y puede distraer del contexto y del objetivo del régimen. Sería ver detalles que cuestionan, pero que se traducen en acompañar los comicios.

¿Quién es responsable del hundimiento? La presidencia y sus mayorías afines en el Congreso.

¿Cuál fue el propósito? Deshacerse de una nave o concentrar poder a partir de sujetar la función judicial a sus criterios e intereses políticos.

¿Quién se hace cargo del rescate de supervivientes y lo valida? La mayoría en los órganos electorales capturados.

¿Quién acude primero a los botes de salvamento? Las candidaturas afines y las postulaciones “apalabradas”.

¿Quién define la protección en altamar de los buques de salvamento? El introductor de la desigualdad en el voto; elige más quien vive donde domina el régimen.

¿Quién define la prioridad y el acceso de personas a la deriva a otros buques? El responsable de controlar las boletas no utilizadas en la jornada electoral.

Y ¿quién decide la distribución de frazadas y alimentos en las naves del rescate? El movilizador afín al régimen en el territorio.

Hay personas ciudadanas de buena fe que presencian el naufragio y quieren ayudar al pasaje y la tripulación. Se suman para tratar de salvar a algún amigo o conocido o rescatar a la mayor cantidad posible de personas. Sin embargo, no se dan cuenta de que los espacios en los botes de salvamento ya se han definido de antemano. Y que, muy probablemente, su solidaridad será utilizada por los responsables del hundimiento como muestra de supuesta imparcialidad.

Si no se aprecia el naufragio, los distractores del rescate, con sus insuficiencias y deficiencias, pueden impedir la observación del origen, desarrollo y consecuencias.

No observan una elección, sino fases de ejecución de la destrucción del contrapeso del poder judicial en el Estado Mexicano.

Están ante la pretensión de legitimar una decisión contraria al Estado de derecho por la vía del llamado a que vote la ciudadanía. En sus códigos de ética política, ¿cabe el derecho a demoler el Estado democrático de derecho? Ustedes tienen la palabra.