
Captan a Duarte bailando en bar en la ciudad de Chihuahua
El temporal lluvioso que se registra en Chihuahua representa un gran alivio para el sector agropecuario tras una prolongada sequía, sobre todo en la región centro-sur del estado.
Hasta ayer las afectaciones se han concentrado en decenas de viviendas en algunos puntos de Ciudad Juárez, lo que movilizó el apoyo tanto de la alcaldía, gobierno estatal y -adivinó- los partidos políticos a través de sus representantes populares en el Congreso del Estado.
A media semana, la morenista Rosana Díaz denunció que la administración estatal no estaba atenta de la contingencia en Ciudad Juárez, lo cual resultó falso.
Más bien se trató de una estrategia, pues el sábado aparecieron en sus respectivos distritos, para entregar apoyos, los siete diputados morenistas así como los plurinominales Pedro Torres y Jael Argüelles.
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Ojalá que la Senadora Andrea Chávez lograra más que solo despensas para las familias afectadas por las lluvias en Ciudad Juárez; la Senadora y por supuesto quienes están en ese nivel, en el que pueden, sin duda, hacer gestiones más grandes.
Y es que ayer continuó llevando despensas como lo hicieron Estado, municipios y políticos de todos los niveles. Interesante lo publicado en sus redes en dónde dijo que será tarea del autoridades estatales y municipales el recuperar el pavimento y drenaje en zonas afectadas.
Y tendrá razón, es una tarea de esos ámbitos de gobierno, pero su posición de privilegio, cómo la de otros políticos que acudieron a caminar y entregar despensas, debería darle la capacidad para gestionar recursos federales ayuden al Gobierno del Estado y al Municipio de Juárez con los costos y más allá de eso, que ayuden a qué mejoren las condiciones que se viven desde hace unos días en la frontera.
Las despensas son buenas y ayudan, eso nadie lo duda y menos en la situación de desgracia por la que pasan cientos de familias juarenses, sin embargo, deben ir más allá, entre más recursos se tengan, más rápido podrá rehabilitarse la infraestructura básica.
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Los rumores de los cambios en el gabinete de la gobernadora Maru Campos empiezan a crecer. Durante el fin de semana trascendió que uno de los que están en la cuerda floja es el Secretario del Trabajo Diódoro José Siller Arguello.
Aseguran que el aún funcionario estatal ha tenido omisiones que han sido fundamentales para la salida o por lo menos el anuncio de 3 empresas maquiladoras de Ciudad Juárez, decisión impulsada claramente en su mayoría, por las medidas arancelarias de Donald Trump, pero se dice que la política laboral que aplica el Secretario tampoco han ayudado.
Incluso, el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez invocó hace unos días el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, también debido a las malas condiciones laborales en plantas maquiladoras como Superior Industries, Lear y otras más.
De hecho, con esta invocación del gobierno de Estados Unidos de hace unos días, se está exigiendo que se cumpla y se brinden mejores condiciones laborales, desde tema de salarios, pago de prestaciones a tiempo e incluso, instalaciones dignas para desarrollar el trabajo.
El poco control sobre los sindicatos es otro de los problemas para el Secretario del Trabajo y una alerta para los directivos estadounidenses.
Hasta ahorita se trata sólo de un rumor y es obvio en próximos días continuarán saliendo nombres de posibles cambios en el gabinete de la gobernadora Maru Campos.
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El Senado aprobó ayer en lo general la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y la envió a la Cámara de Diputados para su discusión, en lo que parece la antesala de una aprobación sin problema alguno para Morena y aliados.
Se desconoce cuál será la ruta tras la “consulta” por el polémico apartado de censura a páginas digitales.
En tanto, la oposición continúa enviando señales de alerta a la población por las reformas que se están discutiendo en el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.
Destaca a la que llamaron “ley espía”, a través de una nueva CURP biométrica que incluirá datos como rostro, huellas, voz, iris, ubicación, historial médico, cuentas bancarias y registros telefónicos de todos los mexicanos.
Esta información, se dice, será almacenada en una “súper plataforma” controlada por el gobierno, sin necesidad de autorización judicial.
Sobre ello, el diputado federal priista, Rubén Moreira, denunció que las reformas a leyes en materia de Guardia Nacional, Seguridad, Telecomunicaciones, Lavado de Dinero y Población, permitirán al gobierno rastrear en tiempo real las actividades de los ciudadanos, desde sus compras hasta sus consultas médicas, lo que comparó con prácticas de regímenes autoritarios.
Advirtió que esta plataforma obligará a bancos, proveedores de internet, telefonía y servicios médicos a compartir datos de sus clientes, eliminando libertades y violando derechos humanos.
El legislador también expresó preocupación por la posible censura de medios y redes sociales, citando intentos recientes de silenciar a comunicadores críticos.
Criticó que las leyes rompen acuerdos internacionales y se aprueban sin respetar procesos legislativos, lo que, según él, podría derivar en un control dictatorial.
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El hallazgo de 381 cuerpos en el crematorio de Ciudad Juárez ha destapado serias irregularidades en el manejo de servicios funerarios, generando incertidumbre tanto para las funerarias como para las familias.
Aunque no se ha confirmado un delito penal, la posibilidad de un fraude funerario está bajo investigación, y las funerarias enfrentan una potencial responsabilidad legal.
Funerarias reportan que solo tienen pendiente la recepción de un número muy reducido de cenizas (tres o cuatro cuerpos), lo que contrasta con la gran cantidad de los encontrados.
Lo anterior sugiere que los restos hallados puedan corresponder a personas cuyas familias ya recibieron cenizas, o sabrá Dios que.
Las funerarias que contrataron los servicios del crematorio son las responsables legales ante las familias que pagaron por la cremación.
Si se confirma que las cenizas entregadas no corresponden a los difuntos, estas empresas podrían enfrentar demandas por fraude o negligencia, además de sanciones administrativas o penales.
La FGE, en conjunto con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), está investigando el caso.
Aunque las autoridades han descartado inicialmente un delito penal, indicando que los cuerpos estaban documentados y embalsamados, y que la acumulación se debió a la limitada capacidad del horno crematorio, se está evaluando un posible fraude funerario.
Familiares de los fallecidos han expresado angustia, ya que confiaron en las funerarias para la cremación de sus seres queridos y ahora temen que los cuerpos encontrados sean los de sus familiares, lo que pondría en duda la autenticidad de las cenizas recibidas.
Por ello la Fiscalía está identificando los cuerpos mediante cotejo con documentación existente, como actas de defunción, y ha asegurado que todos los cuerpos corresponden a muertes naturales, sin indicios de violencia.
Sin embargo, se investigan posibles omisiones de Coespris en la supervisión y la responsabilidad de las funerarias involucradas, como Luz Divina, Amor Eterno y Plenitud.
Si se confirma que las funerarias entregaron cenizas que no correspondían a los cuerpos de los difuntos, esto podría constituir un delito penal, además de violar normas sanitarias federales, estatales y municipales.
Las autoridades planean intensificar las inspecciones a los siete crematorios y 66 funerarias de Ciudad Juárez, que han gestionado 2,160 cremaciones por muerte natural en lo que va del año.
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