Mira lo que hacen

• Buena coordinación por efectos de la lluvia
• Cruz reconoce que cuidar a las familias es lo más importante
• No se ve a la delegación del Bienestar en las calles afectadas
• Hever Quezada, Subdelegado
• Brinca de partido Regidora en Camargo
• Diputada Arguelles se fue contra la mamá de la Gobernadora
• CURP biométrica, ¿para vigilancia? O ¿avance a la justicia y eficiencia?

El Gobierno del Estado y los municipios se han coordinado para la atención a la emergencia que se presenta en varias regiones en donde las intensas lluvias causaron estragos en el patrimonio de la población, un tanto más grave en Ciudad Juárez y Chihuahua capital.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar evidenció la coordinación, al anunciar que entre ambos niveles se han repartido tareas y que se establecieron mesas de trabajo para planear obras de infraestructura que ayuden a prevenir inundaciones en el futuro.

Los comentarios del alcalde fueron acompañados de fotografías junto al representante de la gobernadora Maru Campos, Carlos Ortíz, del director de la JMAS Sergio Nevárez y otros funcionarios estatales y municipales.

En la ciudad de Chihuahua también se observa esa coordinación, funcionarios del Estado y Municipio estuvieron recorriendo, censando y entregando apoyos. La gobernadora Maru Campos ya estuvo en campo y el alcalde Marco Bonilla también recorrió algunos de los sectores más dañados. Ayer en La Galera, por ejemplo, hizo un recorrido junto a algunos integrantes de su gabinete para observar los daños y dar celeridad a los apoyos.

Por parte del Gobierno del Estado también fueron vistos los integrantes del gabinete en acciones concretas de apoyo. En campo han tenido bastante actividad Rafa Loera, Alan Falomir, Jorge Chanez y Enrique Rascón.

Por el contrario, por lo menos en los últimos dos días no ha sido visto personal de la Delegación del Bienestar en Chihuahua ni en Juárez, o por lo menos no se han difundido acciones de ayuda a las personas afectadas por las lluvias.

Ojalá y se sumen a los trabajos. Los diputados de Morena lo hicieron hace unos días en Ciudad Juárez; los senadores Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, también, pero la poderosa Delegación del Bienestar no se ha visto, y si lo hizo, no lo han comunicado.

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Ya que estamos con esa dependencia federal, la delegada Mayra Chávez oficializó ayer un par de nombramientos. Presentó al exdiputado Hever Quezada como subdelegado de Desarrollo Social y continuará siendo el encargado de Comunicación Social de la dependencia. Hever se convirtió en un activo importante para Mayra y para la dependencia en general, es un perfil joven y sin bola incómoda, o por lo menos eso dicen.

También se dio el nombramiento a Rafael Mata Márquez, como coordinador de Programas de Desarrollo.

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La presidenta estatal de Morena Brighite Granados, anunció con bombo y platillo que la regidora de Movimiento Ciudadano en Camargo, Ana Laura Meléndez Prieto, se sumó a la fracción edilicia de Morena.

No sabemos cuál fue el motivo del brinco de partido, pero Brighite aseguró que su incorporación es muestra del avance y respaldo a los principios de la 4T, ya los sabe: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Algunos desestimaron la salida de la regidora Meléndez de Movimiento Ciudadano, pues aseguran que llegó a esa posición por representación proporcional, por lo que electoralmente no les pega. Habrá que ver.

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La diputada de Morena, Jael Argüelles, denunció que María Eugenia Galván, madre de la gobernadora Maru Campos, fue titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) en 2016, cuando se habría otorgado el permiso de operación al crematorio de Ciudad Juárez, actualmente bajo investigación por irregularidades.

Las declaraciones de la legisladora de Morena, nos dicen, ni siquiera fueron bien vistas por su propia bancada.

Por el lado de la bancada panista, el diputado Jorge Soto dijo que es absurdo sugerir que la maestra Galván pudiera tener responsabilidad alguna en el caso del crematorio de Juárez, “es rapiña política con el sello morenista” dijo.

La diputada, añadió, hace regularmente planteamientos razonables, pero en esta ocasión abordó de manera irresponsable un caso tan sensible.

Lo cierto es que tras el hallazgo de los 383 cuerpos en el crematorio de Ciudad Juárez, ha sido la propia gobernadora Maru Campos la primera en ordenar una investigación profesional para deslindar responsabilidades.

A la fecha, la Fiscalía General del Estado puso a disposición de un juez penal a dos presuntos involucrados en el manejo de los cuerpos y atiende a las familias que pudieron haber sido engañadas.

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La reciente aprobación de la nueva CURP biométrica por la Cámara de Diputados, sigue dando de qué hablar.

Morena y aliados hablan de que será un parteaguas en el sistema de identificación en el país y herramienta indispensable para combatir delincuentes.

La oposición insiste en que será trata de un sistema de control social y, en su momento, de persecución política e invasión a la privacidad de los mexicanos.

Con la incorporación de datos sensibles como huellas dactilares, escaneo de iris, reconocimiento facial y firma electrónica, el gobierno busca consolidar un registro único que promete agilizar trámites, fortalecer la seguridad pública y combatir problemas tan graves como la suplantación de identidad y la búsqueda de personas desaparecidas.

Sin embargo, detrás de esta ambiciosa reforma, surgen preguntas ineludibles: ¿está México preparado para manejar con responsabilidad una base de datos tan sensible? ¿Qué garantías hay de que la privacidad de los ciudadanos no será vulnerada?

El objetivo de la CURP biométrica es innegable en su relevancia. Vinculada a la Plataforma Única de Identidad, que integrará bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses, esta herramienta podría ser clave para localizar a miles de personas en un país donde la desaparición forzada es una herida abierta.

La posibilidad de generar alertas en tiempo real y monitorear movimientos relacionados con personas desaparecidas es un avance que, de implementarse correctamente, podría salvar vidas. Además, la promesa de facilitar trámites legales, migratorios y de acceso a la salud suena atractiva en un sistema administrativo históricamente burocrático.

Sin embargo, el entusiasmo por la modernización no debe opacar las preocupaciones legítimas.

La Secretaría de Gobernación, encargada de recolectar y administrar estos datos, asegura que respetará las leyes de protección de datos, pero en un contexto donde las filtraciones de información son recurrentes y la ciberseguridad sigue siendo una asignatura pendiente, la confianza ciudadana no se construye con promesas.

La centralización de datos tan sensibles como el escaneo de iris o las huellas dactilares en el Registro Nacional de Población (Renapo) plantea riesgos significativos si no se implementan medidas robustas de seguridad y transparencia. ¿Qué protocolos se seguirán para evitar accesos no autorizados? ¿Cómo se garantizará que esta información no sea utilizada con fines políticos o comerciales?

Otro punto crítico es la obligatoriedad de la CURP biométrica. Aunque aún no se ha aclarado si los ciudadanos deberán actualizar su CURP actual, la falta de fechas concretas y un plan claro de implementación genera incertidumbre.

La coordinación con estados y municipios para incluir a menores de edad agrega otra capa de complejidad, especialmente en regiones donde la infraestructura tecnológica es limitada. Sin un reglamento detallado y una estrategia de comunicación efectiva, el riesgo de confusión y resistencia ciudadana es alto.

El éxito de esta reforma dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar innovación con responsabilidad.

La CURP biométrica tiene el potencial de ser una herramienta transformadora, pero también podría convertirse en un arma de doble filo si no se protege adecuadamente la privacidad de los mexicanos.

La ciudadanía debe exigir transparencia, rendición de cuentas y garantías de que este sistema no será un paso hacia la vigilancia masiva, sino un verdadero avance hacia la justicia y la eficiencia. El tiempo dirá si el gobierno está a la altura del desafío.

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