
Sería mujer presunto asesino de Jaciel
Ya lo decía Montesquieu allá por el siglo XVIII, a mas poder, las personas tienden a volverse tiránicas, es por eso que se requiere que el poder le ponga limites al poder, cosa que no vemos hoy en nuestros días. Tanto es así, que no solo hay mas limitaciones a través del entramado institucional, si no que, al contrario, el actual régimen se deshace de las instituciones que tendrían que regular dicho poder.
Esta semana se esta discutiendo en el Congreso Federal, algunas reformas a leyes e instituciones que preocupan por su contenido, este es el caso de la Guardia Nacional. En un contexto donde la vigilancia tecnológica se vuelve cada vez más sofisticada, la llamada “ley espía” promovida por el gobierno federal en México representa un retroceso preocupante en materia de derechos humanos y libertades civiles. Bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional y combatir al crimen organizado, esta legislación permitiría la intervención de comunicaciones privadas sin una orden judicial previa, abriendo la puerta a abusos de poder, espionaje político y violaciones a la privacidad de millones de ciudadanos.
El principal problema radica en la falta de controles y transparencia. En un país con un historial de uso político de las instituciones de seguridad, pensar que estos mecanismos no se utilizarán con fines distintos a los establecidos oficialmente es, por decir lo menos, ingenuo. La experiencia del uso del software Pegasus (empleado ilegalmente para espiar a periodistas, activistas y opositores) demuestra que cuando el poder no tiene contrapesos, la vigilancia se convierte en un arma de represión.
Además, esta ley vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la privacidad, a la libre expresión y a la presunción de inocencia. No se puede justificar la seguridad a costa de libertades básicas. Las democracias fuertes se construyen con instituciones que rinden cuentas, no con herramientas autoritarias que recuerdan a regímenes opresivos.