Presiones de EUA: Lo interno para resistir lo externo

Con enorme rapidez se suceden los acontecimientos del momento político mexicano en lo interno y en lo externo. Una nueva hegemonía avanza sobre la base de la cultura política que pervive de la que le antecedió y el gobierno estadounidense exhibe el poder casi desnudo en la relación asimétrica. El componente indispensable e ineludible del interés nacional -así, como síntesis de sus varias vertientes- habría de ser elemento de identidad compartida y objetivo factible para la mayoría y la pluralidad, hasta ahora desdeñada e incluso vilipendiada por la presidencia y el gobierno a su cargo.

Si le parece dramática la afirmación de que el momento es delicado y complejo, asumo su reproche, pero prefiero sustentarlo con ánimo de prevención y consideración realista.

Varias cuestiones indican la debilidad del Estado Mexicano: (i) la inseguridad derivada de la presencia y dominio en áreas geográficas y sectores políticos y económicos de los grupos más peligrosos de la delincuencia organizada; (ii) la fragilidad de una economía sin -prácticamente- crecimiento, alto endeudamiento, muy limitada capacidad de inversión en infraestructura y altos compromisos de gasto con sentido social, pero que poco contribuyen a elevar nuestra capacidad para generar bienes y servicios de calidad, pues son subsidios y no acceso a mejores condiciones de educación y de salud; y (iii) la incertidumbre que se desprende de la dicotomía entre la titularidad formal de la presidencia y el ánimo real de las decisiones y acciones de gobierno. Salvo destellos, como las propuestas para la igualdad sustantiva, incluso en la adecuación del desempeño contra la delincuencia pervive la disyuntiva entre el mando formal en una dependencia y la capacidad real en otra. Lo planteado por el antecesor marca el rumbo, las lealtades son mayores con quien las valora por encima de la capacidad, como si se tratara de cualidades excluyentes, al tiempo que el estado de tensión con la Casa Blanca por el crecimiento y las capacidades de los carteles de las drogas obedece a la inacción del 2018-2024.

Pronto serán los primeros seis meses de convivencia durante el segundo mandato de Donald Trump. La presión inició en el mismísimo discurso inaugural del 20 de enero en el Capitolio: migración, comercio y seguridad. Detener los flujos de personas que buscan mejores condiciones de vida en los Estados Unidos, modificar los términos del intercambio de bienes y servicios a la simple apreciación del déficit y el superávit, y combate efectivo a la elaboración y contrabando de drogas a ese país, principalmente de fentanilo.

De inicio se perdió un entendimiento mutuamente establecido por décadas, como fue el tratamiento autónomo de cada asunto y el acuerdo para que el avance hacia la solución de uno no condicionara el diálogo y la posibilidad de resultado en otro. Por otro lado, la táctica de la “cabeza fría” para observar integralmente el tablero, así como la narrativa explicable y válida de la colaboración por convicción y razones propias, pero con concesiones evidentes, parecen haberse agotado desde hace algunas semanas. La táctica es rescatable en la coyuntura por las características del ejecutivo estadounidense y, si bien pudo haber atemperado los exabruptos del vecino, no lo desvía del objetivo de imponer sus términos, presididos mayormente por la lógica de las promesas de campaña y los ciclos electorales de 2026 y 2028, y sus intereses económicos particulares.

No se ocupa contar con una bola de cristal mágico para colegir que las presiones de Donald Trump continuarán y se incrementarán. El tema está demasiado a la vista: la expansión de los carteles de las drogas y la ausencia de capacidades del Estado Mexicano para combatirlos y aplicar la ley a fin de procesar y enjuiciar a sus integrantes, con las prevenciones necesarias para evitar que sobrevivan con otros capos o se fragmenten a partir de sus lugartenientes regionales.

Vale recapitular dos acciones estadounidenses: el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a los Estados Unidos con la presunta colaboración de Joaquín Guzmán López y el acuerdo de su hermano Ovidio con el Departamento de Justicia para aceptar la culpabilidad por cuatro delitos en el contexto de la internación de 17 familiares y la aceptación de colaborar con información para perseguir a otros integrantes de grupos de la delincuencia organizada y personas que les han facilitado sus actividades a cambio de distintos “beneficios”.

El nerviosismo oficial de julio de 2024 fue evidente, solicitándose información que solo exhibía a quien la reclamaba; pero se aprecia en mayor grado en la reacción de la presidenta del mes en curso: reproche a la política criminal del vecino con el argumento de que no responde a su tradición de principios al “negociar” con quien calificaron de terrorista cuando se determinó que el llamado Cartel de Sinaloa es una organización de esa naturaleza. Y, desde luego, el reiterado equívoco de hacer interlocutor a quien no debe; al abogado Litchman sobraba enviarle la respuesta con la Embajadora Reyna Torres Mendívil, titular del Consulado General en Chicago.

En el plano más general, aun cuando se alcance el anunciado acuerdo sobre migración, comercio y seguridad con los Estados Unidos, el ejercicio de presiones por “razones” de necesidad política de la Casa Blanca parece ser un escenario factible; favor de verlo en el espejo del T-MEC y la incertidumbre que sobre sus cláusulas trajo el 47º presidente estadounidense. ¿Cabe ver ese horizonte como una cuestión de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Del gobierno bajo su responsabilidad? ¿O del Estado Mexicano como ente soberano que implica a la sociedad toda y sus componentes políticos, económicos, sociales y culturales?

La hegemonía interna en construcción pretende no requerir de la pluralidad del mosaico político y de las ideas que hay en el país por la sensación de solidez del resultado electoral de 2024 y la concentración de poder público que ha logrado, así como por el alineamiento de los factores reales en torno a ese poder; lo implica el anuncio de modificar las reglas de acceso al poder sin acuerdos reales. En las personas excluidas puede anidarse la tentación de desear que ese apoyo mayoritario -incluido el reproche a la ausencia de equidad y la obtención de mayorías calificadas por actos ilegítimos aunque con el ropaje de la legalidad- sea contrastado y superado por la acción del gobierno extranjero, pues la sensación de pérdida es profunda.

Estos polos solo darían cuenta de una división contraria al interés nacional. Aún en la consideración de mayor divergencia y rechazo al gobierno federal en turno, sería grave la falta de unidad esencial frente al gobernante extranjero que busca imponerse con la presión de que cabe ceder para eludir males mayores, en una espiral sin fin previsible. Este escenario aparecería como un componente adicional políticamente severo de la aludida debilidad del Estado Mexicano. Cualquier afectación al interés nacional como consecuencia de la ausencia de visión de Estado en el espectro más amplio de nuestro país no será para el gobierno, sino para México. Afirmó Mariano Otero en su famoso discurso de 1842, “que en las instituciones fundamentales no se debe preparar la lucha, sino el acuerdo y la armonía de los elementos sociales”. El político jalisciense lo enlazó a objetivos inmediatos que son vigentes: el progreso de la sociedad y la unidad nacional.

Hoy esa institución fundamental es la presidencia de la República y la afirmación de su unidad formal y material. Los entendimientos y acuerdos en lo interino para fortalecer al Estado frente a la aspiración dominante del vecino son medios idóneos para alcanzar objetivos propios y defender y promover el interés nacional. No solo son las minorías en el Congreso, sino la sociedad plural que ahí no se siente representada. ¿Puede reconfigurarse lo interno para resistir lo externo? En la encrucijada se requiere que la anunciada reforma electoral se construya con base en consensos políticos y sociales amplios y auténticos.