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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de noviembre de 2026.— La autonomía de las universidades públicas mexicanas enfrenta nuevos cuestionamientos ante las reformas legales que han modificado los procedimientos para elegir a sus rectores, situación que ha generado advertencias sobre posibles intervenciones políticas en las instituciones de educación superior.
Entre 2023 y 2026, seis universidades autónomas de cinco entidades federativas reformaron sus mecanismos de elección de autoridades, mediante procedimientos que incluyen votaciones directas y consultas a estudiantes, docentes y trabajadores.
Las modificaciones se registraron en la Universidad de Sonora y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla durante 2023; las universidades autónomas de Sinaloa y de Occidente en 2024; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2025, y la Universidad Autónoma del Estado de México en 2026.
Aunque ampliar la participación de las comunidades universitarias puede representar un avance democrático, especialistas y autoridades académicas advierten que el problema surge cuando los cambios son promovidos desde los poderes políticos sin respetar las decisiones internas de las instituciones.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, ha manifestado preocupación por los intentos de algunos gobiernos estatales de intervenir en la vida universitaria y debilitar las facultades de autogobierno.
Por su parte, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis González Placencia, advirtió que se han identificado intentos de injerencia en al menos cuatro o cinco instituciones públicas.
Uno de los casos más controvertidos se registra en Michoacán, donde modificaciones legislativas alteraron el procedimiento previsto para renovar la rectoría, provocando cuestionamientos de las autoridades universitarias.
La discusión también llegó a la UNAM, donde el investigador Imanol Ordorika ha planteado democratizar los mecanismos de designación de autoridades, con mayor participación de la comunidad académica.
El debate nacional plantea una diferencia fundamental: democratizar las universidades no debe confundirse con permitir que los gobiernos controlen sus órganos de dirección.
La autonomía universitaria, reconocida en el artículo tercero constitucional, protege la libertad académica, la organización interna y la capacidad de las instituciones para elegir a sus autoridades conforme a sus propias normas.
Para Chihuahua y el resto del país, la controversia representa un llamado a preservar la independencia de las instituciones públicas de educación superior, garantizar procesos transparentes y evitar que las rectorías se conviertan en espacios de disputa partidista.
La defensa de la autonomía no significa rechazar reformas, sino asegurar que cualquier transformación respete la participación de las comunidades universitarias y mantenga a la educación superior fuera de intereses políticos ajenos a su misión académica.