Desde octubre de 2025 se registraban visitas de estadounidenses a instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua

La presencia de ciudadanos extranjeros en dependencias de seguridad estatal antecede al operativo realizado en abril de 2026 en el municipio de Morelos, que derivó en una investigación sobre posibles irregularidades.

Chihuahua, Chih., 18 de octubre de 2026. —

La presencia de ciudadanos estadounidenses en instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua se remonta a octubre de 2025, varios meses antes del controvertido operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en el municipio de Morelos.

La información adquiere relevancia en medio de las investigaciones relacionadas con la participación de personal extranjero en actividades de seguridad pública y las posibles responsabilidades de funcionarios estatales.

La Fiscalía estatal había documentado, mediante registros de videovigilancia, encuentros e interacciones entre ciudadanos estadounidenses y personal de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, así como con integrantes de la Agencia Estatal de Investigación.

Wendy Paola Chávez Villanueva, responsable de la unidad especializada que investigó los acontecimientos, informó previamente sobre la existencia de un patrón de convivencia entre extranjeros y mandos de la corporación estatal.

El caso cobró notoriedad después del operativo efectuado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde fueron aseguradas instalaciones utilizadas para la producción de drogas sintéticas.

Durante el regreso de los participantes ocurrió un accidente carretero en el que fallecieron dos ciudadanos estadounidenses y dos elementos de seguridad estatal.

Las investigaciones posteriores abrieron interrogantes sobre las autorizaciones, los mecanismos de coordinación internacional y el conocimiento que tenían los mandos superiores respecto de la presencia extranjera.

El asunto también alcanzó al exfiscal César Jáuregui Moreno, detenido el 17 de octubre, luego de que autoridades federales señalaran su probable responsabilidad por permitir la intervención no autorizada de agentes extranjeros en actividades reservadas a las instituciones mexicanas.

La referencia a visitas desde octubre de 2025 amplía el periodo que deberá esclarecerse para determinar desde cuándo existían estos contactos, cuál era su propósito y si se desarrollaron conforme a los procedimientos legales.

Hasta ahora, la existencia de visitas previas no demuestra por sí misma que se hayan realizado operaciones ilegales. Corresponderá a las autoridades judiciales establecer las responsabilidades individuales y determinar si hubo violaciones a la legislación mexicana.