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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tomó distancia de la polémica generada por la circulación de encuestas telefónicas que cuestionan a ciudadanos sobre una supuesta participación de la mandataria estatal o del exalcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, en la entrega del exfiscal César Jáuregui Moreno a las autoridades.
Al ser interrogada sobre estos sondeos, la titular del Ejecutivo estatal reconoció haber recibido información acerca de las llamadas, aunque evitó profundizar en su contenido o atribuir responsabilidades sobre su elaboración y difusión.
“Vi por ahí que alguien me mandó que andaba sonando una encuesta por ahí”, manifestó brevemente antes de continuar con sus actividades en Palacio de Gobierno.
La gobernadora cerró su intervención con una expresión dirigida a privilegiar las responsabilidades institucionales sobre las controversias políticas: “Vámonos a trabajar todos”.
Las preguntas atribuidas a estos ejercicios telefónicos han generado inquietud por relacionar a figuras políticas del estado con un asunto judicial que mantiene la atención pública.
Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado públicamente a la empresa, organización o grupo responsable de los sondeos, ni se han presentado elementos que permitan establecer su finalidad o metodología.
El episodio ocurre en un contexto de creciente actividad política rumbo a las elecciones de 2027, cuando las encuestas y los mecanismos de medición de opinión pública adquieren especial relevancia para los distintos actores políticos.
No obstante, resulta necesario distinguir entre los estudios legítimos de opinión y aquellos ejercicios que, mediante preguntas sugestivas, pueden contribuir a instalar percepciones sin sustento comprobado.
En el caso de César Jáuregui, cualquier señalamiento relacionado con una supuesta intervención de funcionarios o personajes políticos en su situación jurídica requiere pruebas verificables y no puede sostenerse únicamente en el contenido de una llamada telefónica.
La respuesta de Maru Campos dejó ver su intención de no incorporar al Gobierno del Estado a una confrontación pública sobre el origen de las encuestas, aunque tampoco ofreció mayores explicaciones acerca de quién podría encontrarse detrás de ellas.
Por ahora, la identidad de los responsables de estos sondeos permanece sin esclarecerse, mientras la gobernadora mantiene su postura de concentrarse en las actividades de gobierno y evitar pronunciamientos sobre versiones que no han sido acreditadas.




