Mujeres presas en Chihuahua enfrentan pobreza, violencia y barreras para reinsertarse

CHIHUAHUA, Chih., 9 de octubre de 2026.– La pobreza, la violencia de género, la separación de sus hijos y las dificultades para acceder a oportunidades laborales y educativas representan algunos de los principales desafíos que enfrentan las mujeres privadas de la libertad, situación que requiere fortalecer las políticas de atención y reinserción social en Chihuahua.

Durante un foro dedicado al análisis de las condiciones de las mujeres en prisión, especialistas y representantes de organismos de derechos humanos coincidieron en la necesidad de impulsar una atención integral que contemple asistencia social, educación, capacitación para el trabajo y acompañamiento psicológico.

La investigadora Herlinda Enríquez Rubio Hernández, doctora en Sociología Jurídica y profesora e investigadora de la Academia de Derecho, señaló que las mujeres enfrentan condiciones particulares dentro del sistema penitenciario, donde frecuentemente se reproducen desigualdades económicas, sociales y de género.

Explicó que muchas internas continúan sosteniendo emocional y económicamente a sus familias y parejas, aun cuando se encuentran privadas de la libertad, situación que incrementa las dificultades para lograr una verdadera reinserción social.

Uno de los principales problemas identificados es la existencia de relaciones de poder y reglas informales dentro de los centros penitenciarios, que pueden generar condiciones adicionales de vulnerabilidad.

La especialista destacó que las mujeres privadas de la libertad enfrentan sanciones que, en determinados casos, pueden resultar más severas debido a los estereotipos de género y a las expectativas sociales sobre su comportamiento.

Otro aspecto relevante es la separación familiar, particularmente de sus hijos, debido a que muchas mujeres desempeñaban funciones centrales de cuidado antes de ingresar a prisión.

Esta situación puede generar afectaciones emocionales tanto para las internas como para sus familias y representa uno de los obstáculos más importantes para su recuperación y reincorporación a la sociedad.

Durante el encuentro también se destacó la necesidad de fortalecer los servicios médicos, la atención psicológica y las redes de apoyo familiar, además de garantizar programas educativos que permitan desarrollar nuevas capacidades.

Los participantes señalaron que la capacitación laboral constituye una herramienta fundamental para reducir los riesgos de exclusión social una vez que las mujeres recuperan su libertad.

Asimismo, advirtieron que la falta de recursos económicos dificulta el acceso a una defensa legal adecuada, situación que puede profundizar las desigualdades entre las personas sujetas a procesos judiciales.

En este contexto, se planteó la importancia de revisar las condiciones de internamiento desde una perspectiva de derechos humanos, con especial atención a las necesidades de las mujeres que son madres de familia.

El análisis representa un llamado a fortalecer las políticas penitenciarias de Chihuahua, mediante programas que garanticen condiciones dignas, atención integral y oportunidades reales de reinserción social.

La protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad constituye una responsabilidad institucional que debe contemplar no solamente su estancia en prisión, sino también las condiciones necesarias para reconstruir su proyecto de vida al recuperar la libertad.