Acusan en Texas a siete extranjeros de votar ilegalmente en elecciones federales

CHIHUAHUA, Chih., 17 de septiembre de 2026.— Autoridades federales de Estados Unidos presentaron cargos contra siete personas extranjeras por presuntamente votar ilegalmente o declarar falsamente que eran ciudadanos estadounidenses durante distintos procesos electorales en Texas.

La Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Texas informó que los acusados tienen entre 20 y 69 años. Seis son residentes permanentes legales, titulares de la llamada green card, mientras que otra persona tenía una orden de deportación emitida desde julio.

De acuerdo con las investigaciones, algunas de las personas señaladas presuntamente emitieron votos en las elecciones generales de 2018 o 2024. Otras habrían intentado sufragar, solicitado su inscripción en el padrón electoral o declarado falsamente su ciudadanía al tramitar una licencia de conducir.

El fiscal federal Ryan Raybould afirmó que, según las pruebas reunidas, los hechos investigados no fueron consecuencia de errores administrativos ni de simples confusiones. Las autoridades tampoco encontraron indicios de que los acusados se conocieran o hubieran actuado de manera coordinada.

En Estados Unidos, los residentes permanentes pueden vivir y trabajar legalmente en el país, pero no están autorizados a participar en elecciones federales. Una violación de esta naturaleza puede tener consecuencias penales y migratorias, incluida la deportación.

Los casos forman parte de una investigación en la que participaron autoridades federales y estatales. El gobierno del presidente Donald Trump ha colocado el voto de personas no ciudadanas entre sus principales argumentos para impulsar mayores controles electorales antes de las elecciones intermedias.

Sin embargo, investigaciones y revisiones electorales citadas por medios estadounidenses señalan que este tipo de conductas es poco frecuente. Por ello, especialistas y organizaciones civiles han pedido que cada caso sea investigado de manera individual y que las acusaciones no sean utilizadas para estigmatizar a las comunidades migrantes.

Las personas señaladas deberán enfrentar el proceso correspondiente ante tribunales federales. Hasta que exista una resolución judicial definitiva, todas deben ser consideradas inocentes.