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EL PASO, Texas, 19 de noviembre de 2026.— Un grupo de 23 integrantes del Congreso de Estados Unidos exigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) transparentar los contratos y recursos destinados a la construcción de nuevas barreras fronterizas en la región de Big Bend, Texas, ante cuestionamientos sobre los procedimientos de adjudicación y sus consecuencias ambientales.
La solicitud fue encabezada por la representante demócrata Verónica Escobar, junto con otros 22 legisladores, quienes enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Joseph Cuffari, para solicitar una revisión de los contratos relacionados con el proyecto.
Entre las principales preocupaciones se encuentran los montos asignados, la justificación operativa de las obras y la posibilidad de que la construcción afecte ecosistemas protegidos en una de las regiones naturales más importantes de la frontera entre México y Estados Unidos.
Los congresistas señalaron que la Patrulla Fronteriza registra niveles relativamente bajos de detenciones de migrantes en determinados sectores de Big Bend, lo que ha generado cuestionamientos sobre la necesidad de ampliar las barreras físicas.
También solicitaron investigar posibles conflictos de interés y revisar los procedimientos mediante los cuales se otorgaron contratos por cientos de millones de dólares.
La región de Big Bend comprende extensas áreas naturales cercanas al río Bravo, donde existen parques nacionales, zonas de conservación y corredores ecológicos compartidos entre ambos países.
Los legisladores advirtieron que las obras podrían modificar el entorno natural y afectar la movilidad de especies silvestres, además de representar una inversión considerable de recursos públicos.
El debate sobre el muro fronterizo adquiere especial relevancia para Chihuahua, entidad que comparte una extensa frontera con Texas y mantiene una relación económica, comercial y social estrecha con Estados Unidos.
Aunque los cuestionamientos legislativos se concentran en Big Bend, la discusión sobre infraestructura fronteriza también resulta importante para las comunidades mexicanas vinculadas al río Bravo y los ecosistemas de la región.
Los representantes estadounidenses insistieron en que cualquier proyecto financiado con recursos federales debe contar con mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas.
La exigencia central es determinar si las inversiones millonarias responden a necesidades reales de seguridad fronteriza o si existen irregularidades en la asignación de contratos, una cuestión que ahora se plantea ante las instancias de fiscalización estadounidenses.




