Defensa de César Jáuregui buscará revertir vinculación a proceso y prisión
CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua, 26 de octubre de 2026.– La situación jurídica de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y exfiscal de Operaciones Estratégicas, registra un nuevo episodio luego de que trascendiera que un recurso de amparo estaría impidiendo la emisión de una ficha roja internacional para su búsqueda y localización.
El exfuncionario cuenta con una orden de aprehensión emitida el 16 de octubre, dentro de las investigaciones por el operativo realizado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde participaron agentes estadounidenses y posteriormente ocurrió un accidente que dejó cuatro personas fallecidas.
La medida judicial representa un obstáculo para una eventual búsqueda internacional mediante Interpol, aunque será necesario conocer los alcances específicos de la resolución federal para determinar qué actuaciones pueden realizar las autoridades.
Zuany Portillo permanece sin ser localizado públicamente, mientras continúan las investigaciones sobre su presunta intervención en la organización del operativo y las relaciones institucionales que sostuvo con personal de seguridad extranjero.
Durante las audiencias relacionadas con el caso, el Ministerio Público señaló que Zuany presuntamente continuó desempeñando funciones de dirección en la AEI después de haber sido designado en otra responsabilidad dentro de la Fiscalía.
La investigación también examina las circunstancias en que personal extranjero ingresó a instalaciones de seguridad estatales y participó en actividades vinculadas con el operativo.
Por separado, el exfiscal general César Jáuregui Moreno enfrenta procedimientos judiciales derivados de los mismos acontecimientos.
El nuevo frente jurídico plantea interrogantes sobre la posibilidad de ejecutar la orden de captura en caso de que Zuany se encuentre fuera del territorio nacional, como han señalado versiones no confirmadas oficialmente.
La existencia del amparo no implica la cancelación automática de la orden de aprehensión ni determina la inocencia del exfuncionario. Su efecto depende de las medidas concretas dictadas por el juzgado federal.
Hasta el momento, no se ha podido verificar públicamente el expediente y los términos precisos de la protección judicial señalada en la información difundida este lunes.
Las autoridades deberán continuar las actuaciones que legalmente correspondan, respetando las resoluciones judiciales y el derecho al debido proceso del exfuncionario.