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La defensa del exfiscal impugnó las vinculaciones a proceso estatal y federal, mientras la Fiscalía de Chihuahua busca revertir la exclusión de otro delito. Por separado, se anunció un juicio de amparo contra la prisión preventiva.
CHIHUAHUA, Chih., 16 de noviembre de 2026.–
El proceso judicial contra el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, mantiene abiertos distintos frentes legales que corresponden a procedimientos independientes, por lo que sus alcances y posibles resoluciones deben distinguirse.
Hasta las primeras horas de este domingo no se habían identificado determinaciones judiciales públicas que modificaran las vinculaciones a proceso dictadas contra el exfuncionario ni la prisión preventiva que cumple en el penal federal del Altiplano, Estado de México.
En el ámbito estatal, la defensa presentó una apelación contra la vinculación a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, dictada el 22 de octubre dentro de la causa penal 3055/2026.
Este recurso contiene siete agravios mediante los cuales los abogados cuestionan la valoración de los datos de prueba y los fundamentos utilizados para determinar que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal.
De manera independiente, la Fiscalía General del Estado promovió otra apelación, pero con un objetivo distinto: revertir la decisión del juez de no vincular a Jáuregui por el presunto delito de coalición de servidores públicos.
Mientras la defensa busca dejar sin efectos una vinculación a proceso, la Fiscalía pretende que un tribunal superior revise la exclusión de una de las imputaciones formuladas inicialmente.
En el procedimiento federal existe una tercera apelación, presentada por la defensa contra la vinculación a proceso por presunta traición a la patria, dictada el 25 de octubre por el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes dentro de la causa penal 408/2026.
En esa impugnación, los abogados cuestionan la suficiencia de los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR), la argumentación de la resolución y aspectos relacionados con la competencia territorial del juzgado que conoce del asunto.
La apelación federal es distinta de los dos recursos estatales y deberá resolverse conforme a su propio procedimiento.
Por separado, la defensa anunció la preparación de un nuevo juicio de amparo, mediante el cual pretende cuestionar la vinculación federal y la prisión preventiva.
El abogado Héctor Villasana había señalado que esa acción legal sería promovida antes del 12 de noviembre. Sin embargo, hasta el último corte informativo no se había localizado una constancia judicial que confirmara su presentación.
A diferencia de las apelaciones, mediante las cuales se solicita la revisión de resoluciones por un órgano jurisdiccional superior, el juicio de amparo permite reclamar posibles violaciones a derechos constitucionales atribuidas a actos de autoridad.
La sola presentación de cualquiera de estos recursos no implica la liberación del imputado ni la revocación automática de las resoluciones cuestionadas.
Otro procedimiento independiente corresponde a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, quien promovió el amparo 2735/2026 relacionado con una orden de aprehensión estatal.
En ese expediente se concedió una suspensión provisional sujeta al cumplimiento de una garantía de 3 mil pesos, cuyo pago fue reportado el 13 de noviembre.
La suspensión provisional es una medida temporal y no representa una resolución definitiva sobre el juicio de amparo ni la cancelación de la orden de aprehensión.
Para el 13 de noviembre estaba programada una audiencia incidental, sin que hasta ahora se haya podido verificar públicamente su resultado. La audiencia constitucional se encuentra anunciada para el 24 de noviembre.
El procedimiento de Zuany no forma parte de las apelaciones de Jáuregui y sus resoluciones no modifican automáticamente la situación jurídica del exfiscal general.
Hasta la última revisión, las tres apelaciones relacionadas con Jáuregui permanecían sin una resolución pública confirmada, mientras que la presentación del nuevo amparo continuaba sin acreditarse documentalmente.
Jáuregui permanece sujeto a prisión preventiva en el Altiplano. Las vinculaciones a proceso no constituyen sentencias condenatorias y conserva la presunción de inocencia.




