Declara exdirector de la AEI contra César Jáuregui en investigación por operativo en Morelos

Guillermo Arturo Zuany Portillo figura entre los exfuncionarios investigados por presuntas irregularidades relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en Chihuahua.

Chihuahua, Chih., 18 de octubre de 2026. — Quadratín Noticias Chihuahua.

Guillermo Arturo Zuany Portillo, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y exfiscal de Operaciones Estratégicas, habría rendido declaraciones contra el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, dentro de las investigaciones relacionadas con el operativo realizado en abril pasado en el municipio de Morelos.

La información surge en medio del proceso judicial que enfrenta Jáuregui Moreno, detenido el sábado 17 de octubre por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Zuany Portillo también aparece en la causa penal 3055/2026, dentro de la cual un juez ordenó su aprehensión por presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con penalidad agravada.

El expediente está vinculado con el operativo efectuado entre el 17 y 19 de abril en la comunidad de El Pinal, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino y posteriormente fallecieron dos agentes estatales y dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Las investigaciones buscan esclarecer quién autorizó la participación de personal extranjero, las responsabilidades de los mandos involucrados y las posibles irregularidades cometidas durante la operación.

La presunta declaración de Zuany podría representar un elemento relevante para reconstruir la cadena de decisiones dentro de la Fiscalía estatal, aunque su contenido y alcance probatorio deberán establecerse durante el procedimiento judicial.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente el contenido íntegro de ese testimonio ni las circunstancias en que habría sido rendido.

El caso continúa bajo investigación de las autoridades estatales y federales, mientras corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades individuales de los exfuncionarios involucrados, bajo el principio de presunción de inocencia.