Muerte de reo bajo custodia abre investigación a policías procesales

CHIHUAHUA, Chih, 2 de octubre de 2026.- La muerte de un interno identificado como Edwin C., ocurrida después de permanecer bajo custodia de policías procesales en instalaciones de Ciudad Judicial, derivó en la detención de cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y abrió cuestionamientos sobre los protocolos de actuación, los tiempos de la investigación y la supervisión del sistema penitenciario.

Los policías procesales Ramón Alejandro O. O., Carlos Gerardo O. A., Silvino P. M. y Luis Carlos G. C. fueron imputados por los delitos de tortura y homicidio por hechos ocurridos el pasado 8 de julio. Permanecen separados de la población general mientras se define su situación jurídica.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia inicial y publicado por El Diario, Edwin C. habría sostenido primero un altercado con otro interno. Posteriormente, agentes de la Policía Procesal habrían acudido a su celda, lo sacaron y presuntamente lo golpearon en repetidas ocasiones.

La acusación refiere patadas, golpes con bastones y descargas eléctricas. Después, el interno habría sido regresado a su celda y más tarde trasladado al área médica del Cereso, donde falleció. La causa de muerte señalada dentro de la investigación fue hemorragia cerebral y traumatismo craneoencefálico.

Uno de los aspectos que ha generado mayor atención es el tiempo transcurrido entre los hechos y las detenciones: pasaron 83 días desde la muerte del interno hasta la ejecución de las órdenes de aprehensión contra los cuatro agentes.

Señalan posibles fallas en protocolos

Una columna publicada por El Diario sostiene, citando a especialistas penalistas, que en el caso podrían existir alrededor de siete posibles violaciones a protocolos nacionales relacionados con la seguridad en salas judiciales y el traslado y custodia de personas privadas de la libertad.

La misma publicación cuestiona el manejo inicial de la información y señala que la muerte habría sido presentada inicialmente como consecuencia de un paro respiratorio posterior a una riña. También refiere señalamientos sobre presuntas dificultades para la entrega de evidencias y acceso a videograbaciones durante las investigaciones. Estos puntos corresponden a la versión y valoración publicada por el medio y no equivalen, por sí mismos, a una determinación judicial.

El caso ha colocado bajo escrutinio no sólo la actuación de los agentes imputados, sino también los mecanismos de supervisión de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, encabezada por el general Ricardo Fernández Acosta.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, ha sostenido que la dependencia colabora con la Fiscalía General del Estado y que las investigaciones internas continúan para establecer si existen otros servidores públicos involucrados.

La SSPE también ha señalado que no tolerará abusos cometidos por sus elementos y que aportará la información requerida por las autoridades investigadoras.

Caso alcanza discusión pública y política

La columna de El Diario plantea además una lectura política del caso al señalar que los cuestionamientos alcanzan al titular de la SSPE, Gilberto Loya, particularmente ante versiones sobre una eventual aspiración suya a encabezar la Fiscalía General del Estado. Hasta ahora, esa interpretación debe entenderse como análisis periodístico y no como un hecho acreditado dentro de la causa penal.

La investigación permanece abierta y será la autoridad judicial la encargada de determinar la responsabilidad individual de los cuatro agentes. Mientras tanto, los imputados mantienen su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

El caso también deja sobre la mesa una cuestión institucional: esclarecer no sólo quién participó directamente en la agresión, sino si existieron fallas de supervisión, incumplimientos de protocolos u otras responsabilidades administrativas o penales dentro de la cadena de custodia del interno.