Vinculan a chofer de Taddei con firma investigada por contratos electorales

CHIHUAHUA, Chih., 19 de octubre de 2026.- Una investigación periodística señala que Jonathan Navarrete Torres, identificado como chofer de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, figura como apoderado legal de una empresa proveedora de materiales electorales que ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades.

De acuerdo con la información difundida, Navarrete Torres aparece desde junio de 2023 como representante legal de Corporativo Zeg, compañía relacionada con el suministro de materiales utilizados en procesos electorales.

La empresa ha sido señalada en investigaciones atribuidas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por posibles irregularidades administrativas y prácticas contrarias a la competencia económica.

El caso también plantea interrogantes sobre eventuales conflictos de interés dentro del organismo electoral, particularmente por la presencia de personas que habrían mantenido relaciones laborales con proveedores del instituto.

Entre los señalamientos se encuentran posibles vínculos de antiguos colaboradores de empresas proveedoras con áreas responsables de contrataciones y decisiones administrativas del INE.

La información difundida también hace referencia a contratos relacionados con organismos electorales locales, particularmente en Sonora, entidad de origen de Guadalupe Taddei.

Hasta el momento, los señalamientos no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad administrativa o penal contra los involucrados.

El caso abre cuestionamientos sobre los mecanismos de transparencia, supervisión de proveedores y prevención de conflictos de interés en las contrataciones de instituciones electorales.

Será necesario conocer la documentación oficial de los procedimientos y las posiciones de las personas y empresas señaladas para determinar el alcance de las posibles irregularidades.

La existencia de una representación legal o relación laboral no acredita por sí misma la comisión de un delito, por lo que cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante las investigaciones y resoluciones de las autoridades competentes.