ASF investiga presuntas irregularidades por 29 mil millones de pesos en el INE

La Auditoría Superior de la Federación detectó indicios suficientes para revisar contratos, proveedores y operaciones financieras del Instituto Nacional Electoral; las investigaciones también abarcan a seis organismos electorales locales.

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de octubre de 2026. —

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) por aproximadamente 29 mil millones de pesos, correspondientes a operaciones realizadas durante el periodo de 2022 a 2025.

Las revisiones incluyen contratos, proveedores, posibles conflictos de interés y movimientos financieros relacionados con el ejercicio de recursos públicos destinados a la organización electoral.

De acuerdo con la información difundida sobre las investigaciones, el órgano fiscalizador encontró indicios suficientes para profundizar en el análisis de diversas operaciones administrativas, ante posibles anomalías en los procedimientos de contratación.

La revisión también comprende el comportamiento financiero de seis organismos públicos locales electorales, además de la nómina del propio Instituto Nacional Electoral.

Entre los aspectos investigados destacan posibles irregularidades en contratos, presuntos conflictos de interés, participación de proveedores y operaciones que podrían representar un uso indebido de recursos públicos.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que el organismo se encuentra dispuesto a colaborar con las autoridades fiscalizadoras y entregar la documentación necesaria para esclarecer cualquier observación.

Asimismo, sostuvo que las contrataciones del Instituto se realizan conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Por su parte, la ASF solicitó información adicional para verificar los procedimientos de contratación y determinar si existen elementos que justifiquen responsabilidades administrativas o legales.

La investigación adquiere relevancia ante el próximo proceso electoral de 2027, cuando el INE tendrá a su cargo la organización y supervisión de diversas actividades relacionadas con los comicios federales y locales.

En el caso de Chihuahua, las conclusiones de la fiscalización podrían resultar relevantes para conocer el manejo de recursos destinados a las actividades electorales y los mecanismos de coordinación entre las autoridades nacionales y estatales.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a investigaciones y observaciones de fiscalización, por lo que no constituyen una determinación definitiva de corrupción ni acreditan responsabilidades individuales.

Se espera que, conforme avance la revisión, la Auditoría Superior de la Federación determine si procede formular observaciones adicionales, promover responsabilidades administrativas o presentar denuncias ante las autoridades competentes.