Señalan contratos por más de mil 458 millones de pesos a empresas vinculadas con exjefe de Oficial Mayor de Hidalgo
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de octubre de 2026.– Una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó irregularidades por 592.3 millones de pesos en pagos de las becas Benito Juárez, correspondientes a 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no fueron validados ante el Registro Nacional de Población (Renapo), durante los ejercicios 2024 y 2025.
Los resultados forman parte del Informe del Resultado de la Fiscalización 2025, que identificó observaciones por al menos 5 mil 639 millones de pesos en diferentes programas y operaciones del gobierno federal.
Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a la falta de verificación de identidad de los beneficiarios, situación que impide acreditar plenamente, con los registros revisados, que los recursos fueron entregados conforme a los requisitos establecidos.
Banco del Bienestar activó más de 94 mil tarjetas que no habían sido entregadas
La revisión también identificó anomalías en la operación del Banco del Bienestar.
Durante 2024 quedaron pendientes de entrega 95 mil 960 tarjetas bancarias destinadas a beneficiarios de programas educativos. Sin embargo, 94 mil 251 aparecían activas en los sistemas de la institución financiera.
La normativa establece que las tarjetas deben activarse después de ser recibidas por sus titulares.
Entre las cuentas observadas, mil 78 registraron depósitos por 8.6 millones de pesos, pese a que sus respectivas tarjetas no habían sido entregadas.
Adicionalmente, los auditores detectaron pagos por 8.5 millones de pesos a mil 376 estudiantes inscritos en instituciones educativas que no cumplían con los criterios de prioridad establecidos para los apoyos.
Observaciones federales superan los 5 mil 600 millones de pesos
Las anomalías forman parte de una revisión más amplia del gasto público federal que incluye recursos sin comprobar, deficiencias documentales, obras pagadas y no ejecutadas, así como posibles sobreprecios.
Entre los rubros examinados destacan infraestructura hospitalaria, programas de agua potable y transferencias federales a los estados.
Los resultados plantean interrogantes sobre los mecanismos utilizados para validar identidades, integrar padrones de beneficiarios y supervisar la dispersión de recursos públicos.
Hallazgos no representan todavía un fraude acreditado
Aunque las irregularidades detectadas son significativas, las observaciones de auditoría no constituyen por sí mismas una determinación definitiva de fraude ni acreditan que los 592.3 millones de pesos hayan sido desviados.
Las instituciones involucradas pueden presentar documentación, aclaraciones y elementos que permitan determinar la procedencia de los pagos.
El seguimiento de estas observaciones será fundamental para establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales y, en su caso, recuperar recursos públicos.
La fiscalización coloca nuevamente en el debate nacional la necesidad de garantizar que los programas de becas lleguen efectivamente a los estudiantes que cumplen los requisitos, mediante padrones verificables, controles bancarios y mecanismos transparentes de rendición de cuentas.




