Defensa de César Jáuregui sostiene que investigación corresponde a autoridades federales y no a Fiscalía estatal
La Fiscalía estatal sostiene que el exfiscal autorizó la intervención de ciudadanos extranjeros sin los permisos federales correspondientes y presuntamente ocultó información relacionada con la seguridad nacional.
Chihuahua, Chih., 18 de octubre de 2026. — Quadratín Noticias Chihuahua.
El Ministerio Público de Chihuahua acusó este domingo al exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, de haber ordenado y coordinado la incorporación de cuatro ciudadanos extranjeros al operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
Durante la audiencia de formulación de imputación, celebrada ante el juez de control Luis Alberto Simental, la representación social expuso que la participación de estas personas se habría realizado sin contar con las autorizaciones correspondientes del Gobierno federal.
De acuerdo con información publicada por el medio digital Tiempo, la noticia digital, el Ministerio Público señaló que desde el 19 de marzo de 2026 Jáuregui habría instruido la organización de un operativo de la Agencia Estatal de Investigación, al que posteriormente fueron incorporadas personas ajenas a la corporación.
La acusación establece que el despliegue comenzó el 16 de abril y que las decisiones relacionadas con la presencia de los extranjeros fueron conocidas y aprobadas por el entonces titular de la Fiscalía General del Estado.
Señalan coordinación con exfiscal de Operaciones Estratégicas
Uno de los elementos centrales de la imputación involucra a Guillermo Arturo Portillo, quien se desempeñaba como fiscal de Operaciones Estratégicas.
Según la representación social, ambos funcionarios presuntamente acordaron incorporar y mantener a cuatro extranjeros en las actividades de inteligencia y operación destinadas a localizar y desmantelar el laboratorio clandestino.
El Ministerio Público considera que estas decisiones habrían evadido deliberadamente los mecanismos de autorización, información y supervisión establecidos por las autoridades federales para la cooperación con personal extranjero.
Por estos hechos, Jáuregui enfrenta imputaciones por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, delitos previstos en los artículos 253 y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua.
Investigan presunto ocultamiento de información
La Fiscalía también atribuye al exfuncionario haber omitido información relevante sobre actividades que podrían comprometer la seguridad nacional.
Entre los señalamientos se encuentra que el entonces fiscal habría tenido conocimiento de las labores de inteligencia y de la intervención de extranjeros en el operativo.
Sin embargo, durante una conferencia de prensa realizada el 19 de abril, Jáuregui informó que las personas estadounidenses fallecidas en un accidente posterior al despliegue se encontraban en Chihuahua para participar en actividades de capacitación relacionadas con drones.
Esta explicación es uno de los puntos que las autoridades investigadoras contrastan con los testimonios y elementos integrados en la carpeta.
FGR mantiene investigación por presunta traición a la patria
Paralelamente, la Fiscalía General de la República desarrolla una investigación contra Jáuregui por hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que la investigación federal comprende más de 100 actos de investigación y está relacionada con la presunta intervención de extranjeros en funciones reservadas a las autoridades mexicanas.
El caso adquirió relevancia nacional después del accidente carretero ocurrido tras el operativo, en el que murieron dos integrantes de la Fiscalía estatal y dos ciudadanos estadounidenses.
Las autoridades federales consideran necesario esclarecer quién autorizó la participación extranjera, bajo qué condiciones se desarrolló y cuáles fueron las responsabilidades de los mandos involucrados.
Continúa proceso judicial
La detención de César Jáuregui, realizada el sábado 17 de octubre, abrió una nueva etapa judicial en un caso que involucra tanto a las autoridades estatales como federales.
El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, ha señalado que el desmantelamiento del laboratorio constituye un resultado importante contra la delincuencia organizada, pero que las acciones de las instituciones deben sujetarse a los procedimientos legales.
Será el juez de control quien valore los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y determine la situación jurídica del exfiscal.
Las acusaciones permanecen sujetas al proceso judicial y César Jáuregui Moreno conserva su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.




