Reprueba CNDH sistemas penitenciarios de 23 estados; detecta deficiencias en cárceles de México

Ciudad de México, 11 de octubre de 2026.—

Los sistemas penitenciarios de 23 entidades federativas obtuvieron calificaciones reprobatorias en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que identificó problemas relacionados con atención médica, condiciones de internamiento, seguridad y reinserción social.

El informe revela que únicamente nueve entidades alcanzaron una evaluación aprobatoria, mientras que en gran parte del país persisten deficiencias que afectan las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad.

Para elaborar el diagnóstico, la CNDH realizó visitas a 278 centros penitenciarios, incluidos 261 estatales, 14 federales y tres prisiones militares.

Detectan problemas de seguridad y atención médica

Entre las principales deficiencias identificadas se encuentran las dificultades para garantizar servicios de salud adecuados, problemas de higiene, condiciones materiales insuficientes y debilidades en los mecanismos de prevención de hechos violentos.

El organismo también documentó situaciones relacionadas con actividades ilícitas dentro de centros penitenciarios, así como problemas de control y supervisión institucional.

Estas condiciones representan desafíos para garantizar los derechos humanos y cumplir con el objetivo constitucional de la reinserción social.

Nayarit registra una de las evaluaciones más bajas

Entre los resultados del diagnóstico destaca Nayarit, con una calificación de 4.38 puntos sobre diez, una de las más bajas del país.

La evaluación también identificó deficiencias importantes en otras entidades, donde las autoridades penitenciarias deberán fortalecer sus mecanismos de supervisión, atención y seguridad.

Urgen mejoras en el sistema penitenciario

La CNDH señaló la necesidad de atender las deficiencias detectadas y fortalecer las políticas públicas relacionadas con la administración de los centros de reclusión.

La protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad constituye una obligación de las autoridades, independientemente de su situación jurídica.

El diagnóstico nacional también pone de manifiesto la importancia de contar con personal capacitado, infraestructura adecuada, servicios médicos suficientes y programas efectivos de reinserción social.

Los resultados representan un llamado a las autoridades federales y estatales para revisar las condiciones de funcionamiento de sus centros penitenciarios y establecer medidas que permitan corregir las irregularidades documentadas.