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CHIHUAHUA, Chih., 17 de noviembre de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de México informó sobre la imposición de sanciones a 82 personas servidoras públicas, una persona particular y una empresa, por diversas irregularidades administrativas que derivaron en destituciones, suspensiones, inhabilitaciones de hasta 10 años y sanciones económicas por 175 millones de pesos.
Entre los casos documentados destaca una irregularidad registrada en una sucursal del Banco del Bienestar ubicada en Guerrero, Chihuahua, donde una trabajadora fue sancionada con un año de inhabilitación y una multa de 13 mil pesos.
De acuerdo con el comunicado oficial número 128, la empleada, identificada como Silvia G., reportó intencionalmente durante 2022 un saldo final de caja que no correspondía con el dinero realmente contabilizado, ocasionando un daño patrimonial equivalente al monto de la sanción.
La dependencia federal explicó que las medidas fueron resultado de investigaciones realizadas por las unidades de responsabilidades y órganos internos de control de distintas instituciones del Gobierno de México.
Detectan irregularidades millonarias en dependencias federales
Entre las sanciones de mayor impacto económico se encuentra la impuesta a dos exfuncionarios de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, quienes recibieron una inhabilitación de 10 años y una indemnización solidaria por 33 millones de pesos.
La investigación determinó que ambos participaron en decisiones administrativas y jurídicas relacionadas con un convenio que generó afectaciones económicas al patrimonio público.
En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), nueve personas adscritas al SUPERISSSTE fueron sancionadas con 10 años de inhabilitación y una sanción económica compartida de 18 millones de pesos, por tramitar y pagar facturas sin la autorización correspondiente.
Asimismo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una servidora pública recibió una inhabilitación de 10 años y una sanción de 1.7 millones de pesos por modificar indebidamente registros institucionales para incrementar periodos de cotización de diversos derechohabientes.
Sanciones también alcanzan a CFE, Pemex y otras instituciones
La Comisión Federal de Electricidad figura entre las instituciones señaladas, con sanciones relacionadas con omisiones en la defensa jurídica de la empresa y otras irregularidades administrativas.
En Petróleos Mexicanos fueron documentadas conductas como cobros indebidos de combustible, registros irregulares de asistencia y faltas de respeto en el ámbito laboral.
El comunicado también incluye sanciones contra personal de la Guardia Nacional, el Servicio de Administración Tributaria, las secretarías de Educación Pública, Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores y otras instituciones federales.
Entre los casos reportados se encuentran abuso de funciones, utilización indebida de recursos públicos, incumplimiento de obligaciones administrativas y conductas inapropiadas contra compañeros de trabajo.
Reforzarán vigilancia sobre recursos públicos
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las resoluciones corresponden tanto a faltas administrativas graves como no graves, investigadas mediante los mecanismos legales de control y responsabilidad de las instituciones federales.
Las sanciones forman parte de las acciones orientadas a combatir irregularidades en el ejercicio de la función pública, proteger el patrimonio gubernamental y exigir responsabilidades a quienes incumplan sus obligaciones.
El caso documentado en Guerrero, Chihuahua, coloca nuevamente bajo revisión los procedimientos de control interno y manejo de recursos en las sucursales del Banco del Bienestar, institución encargada de operar diversos programas sociales federales.




