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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de octubre de 2026.– El Senado de la República aprobó, de acuerdo con información difundida este martes, una iniciativa denominada Ley de Economía Digital, orientada a impulsar el uso de medios electrónicos de pago en operaciones del sector público y privado, lo que representa un cambio importante en la forma de realizar transacciones económicas en México.
Según la información difundida, el dictamen obtuvo 72 votos a favor, principalmente de legisladores de Morena, PT y PVEM, y 34 en contra de representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
La publicación señala que la minuta, previamente aprobada por la Cámara de Diputados, fue remitida al Ejecutivo federal para su eventual promulgación.
La propuesta ha generado inquietud por sus posibles consecuencias para millones de mexicanos que utilizan efectivo en sus actividades cotidianas, particularmente adultos mayores, trabajadores informales, pequeños comerciantes y habitantes de comunidades rurales.
Uno de los principales puntos de discusión es la inclusión financiera, debido a que no toda la población cuenta con tarjetas bancarias, teléfonos inteligentes, conexión a internet o acceso cercano a instituciones financieras.
Especialistas en economía digital han señalado que los pagos electrónicos pueden contribuir a mejorar la seguridad de las operaciones, facilitar la transparencia y reducir costos administrativos. Sin embargo, una transición de esta naturaleza requiere infraestructura, educación financiera y mecanismos que eviten excluir a los sectores más vulnerables.
Para Chihuahua, donde existen comunidades rurales y regiones con conectividad limitada, cualquier modificación al sistema de pagos tendría que considerar las condiciones económicas y tecnológicas de sus habitantes.
Es importante precisar que la información difundida no permite establecer que el efectivo haya quedado prohibido ni que todos los establecimientos estén obligados actualmente a rechazarlo. Para determinar los alcances reales de una reforma es indispensable conocer el texto aprobado, sus disposiciones transitorias y su publicación oficial.
La discusión plantea un desafío nacional: avanzar hacia una economía digital sin restringir las alternativas de pago ni afectar los derechos de los consumidores.




