Sheinbaum niega pacto con Maru Campos por caso Jáuregui; investigaciones federales continúan

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La presidenta sostiene que el procedimiento contra el exfiscal de Chihuahua responde a posibles violaciones de la legislación federal y que corresponde a los jueces determinar las responsabilidades.

Chihuahua, Chih., 20 de octubre de 2026.—

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que exista un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, relacionado con el proceso judicial que enfrenta el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria federal abordó el caso del exfuncionario, quien enfrenta un procedimiento ante la justicia federal por una acusación de presunta traición a la patria, relacionada con la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara.

La presidenta sostuvo que la actuación de las autoridades federales debe entenderse dentro del marco de las disposiciones legales que regulan la intervención de agentes extranjeros en territorio mexicano.

En ese contexto, rechazó que la situación jurídica del exfiscal sea resultado de negociaciones entre los gobiernos federal y estatal.

El caso ha generado atención política y jurídica debido a las posibles responsabilidades de funcionarios que participaron en la autorización, coordinación o conocimiento del operativo.

La audiencia federal de este martes representa una nueva etapa del procedimiento, en la que corresponde a las autoridades ministeriales presentar sus argumentos y al Poder Judicial valorar los elementos de prueba.

Aunque también se han mencionado posibles investigaciones adicionales relacionadas con el exfiscal, no se ha confirmado oficialmente una imputación por vínculos con organizaciones del narcotráfico.

La defensa de Jáuregui ha rechazado los señalamientos en su contra, por lo que corresponderá a los tribunales resolver su situación jurídica bajo el principio de presunción de inocencia.

El desarrollo del caso mantiene la atención sobre las relaciones de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, así como sobre las responsabilidades legales de los servidores públicos involucrados.