Vincula Anticorrupción a exfuncionarios del CISEN con empresas proveedoras electorales

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de noviembre de 2026.— La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación sobre los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados por su relación con empresas que recibieron más de 2 mil 700 millones de pesos en contratos de organismos electorales entre 2014 y 2025.

Según la funcionaria, ambos comenzaron su trayectoria pública en la Secretaría de Gobernación y posteriormente tuvieron vínculos laborales con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Buenrostro explicó que José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar en el Registro Nacional de Población. Cuando Padilla pasó al CISEN, lo incorporó nuevamente como secretario particular; Raymundo también ingresó al organismo, en el área de investigaciones.

La exposición identificó empresas relacionadas mediante socios, representantes y apoderados. Entre ellas mencionó a Cartonera Plástica, constituida en 1988, y Formas Finas Fernando Fernández, creada en 1992, que posteriormente participaron en el mercado de suministros electorales.

De acuerdo con los datos presentados, entre 2015 y 2023, 23 organismos públicos locales electorales adjudicaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a las compañías señaladas. En 2024 y 2025, otras 15 autoridades electorales estatales les asignaron contratos por 646.3 millones.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que estas relaciones empresariales preceden a la administración de Guadalupe Taddei y afirmó que se fortalecieron durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE. Sobre posibles responsabilidades, señaló que corresponde a las autoridades determinarlas.

Por su parte, Somos rechazó los señalamientos que vinculan al partido con presuntas irregularidades y anunció que promoverá acciones legales. Padilla Aguilar aseguró que lleva 30 años sin contacto con Hernández Casillas.

La información presentada corresponde a señalamientos de una investigación gubernamental y no constituye, por sí misma, una resolución que acredite responsabilidades administrativas o penales.