Aguas

El gobierno de MORENA presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y para modificar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Con esta propuesta el gobierno de MORENA, en su ruta dictatorial, quiere a través del vital líquido establecer un mecanismo de control político-social.

Se pone en riesgo el patrimonio principal de las familiares rurales. La tierra y los predios perderán su valor al prohibirse la cesión de derechos de agua entre particulares que hoy en día permite que, al heredarse, venderse, arrendarse o prestarse una parcela, también se transmitan. Sin agua la tierra no vale nada.

Como todas las propuestas de MORENA, se tiene afán recaudatorio. El otorgamiento o prórroga de una concesión, autorización o permiso de agua estará condicionada al cumplimiento de obligaciones fiscales; existirá un monitoreo fiscalizador permanente hacia los productores, quienes de forma anual deberán reportar el volumen de agua que utilizaron, la superficie que cultivaron, los cultivos que regaron, la producción que obtuvieron con independencia de si la vendieron o no; y se duplica el monto de las multas que la autoridad administrativa podrá imponer por infracciones, pudiendo ser de hasta 7 millones de pesos, los cuales se podrán triplicar en caso de reincidencia.

Ahora, hasta para la captación del agua de la lluvia para uso agropecuario se requerirá autorización; en las zonas urbanas se obliga a las entidades federativas, a determinar la implementación de sistemas de captación pluvial con base en las características de los predios y el valor del predial del suelo o construcción; y en las comunidades indígenas donde existen pozos, bordos o jagüeyes comunitarios, sólo se podrá utilizar el agua para uso personal o doméstico, para regar los cultivo o darles de beber al ganado no, y si se hace se cometerá una infracción y un delito a la vez.

Se pretende convertir en potenciales criminales a los productores. Transmitir los títulos de concesión; trasladar agua (transportar, prestar, dotar, dar agua); cambiar cultivos en los cuales se puede variar parcial o totalmente el uso del agua; ceder, suministrar o intercambiar el uso parcial o total de aguas; construir bordos, surcos o jagüeyes que a criterio de la autoridad altere o desvié los causes, flujos o corrientes de agua; así como no instalar medidores, con recursos propios y con las características que se determinen, para medir la cantidad de agua que se usa, serán también delitos con penas de prisión de hasta doce años y multas de hasta cuatro mil días multa y que monetariamente pueden ser hasta por un más de un millón de pesos.

Se establece un centralismo discrecional para el control político. La autoridad suprema para la toma de decisiones, dotada de facultades discrecionales, será la CONAGUA; se relega a los organismos cuenca; y los malos de la película serán las entidades federativas y municipios, a quienes se les cargan más funciones y obligaciones sin el correspondiente respaldo presupuestal para que garanticen una infraestructura idónea para proporcionar agua de calidad y con sostenibilidad.

La propuesta no garantiza, equilibrada y armónicamente, el derecho humano al agua con el derecho a la alimentación, la protección de la salud y desde luego el cuidado al medio ambiente.

MORENA en su afán de tener el poder de decidir a quién le da agua o a quien se la quita, con esta propuesta muestra nuevamente su despreció al sector productivo agropecuario que, durante los últimos siete años, ha sufrido los recortes presupuestales por más de 213 mil millones de pesos acumulados, la desaparición de 24 programas sociales, la inexistencia de precios de garantía para la venta de sus cosechas y una falta de respaldo financiero al desaparecer Financiera Rural. Ahora a este sector, fundamental para garantizar el derecho a la alimentación en México, le tocará sufrir el despojo más grande de todos los tiempos, del agua.

En conclusión, MORENA pretende que el agua deje de ser un derecho exigible, para ser un privilegió que el gobierno dictatorial concederá sólo a quien decida y, en otros casos, tendrá el poder de quitarlo o condicionárlo.

No a la ley de aguas.