Ante las ilegalidades: Distorsionar la realidad

Con la práctica del programa informativo y de opiniones gubernamentales que estableció el expresidente López y mantiene la residente del Palacio Nacional para alimentar la propaganda a favor de su aprobación, la exposición es el riesgo permanente. No hay transparencia, sino narrativa y ánimo de formar percepciones con base en la palabra de la presidenta. No es infrecuente que quede a la vista la consideración de la realidad distorsionada para afirmar el interés propio.

Con base en la investigación periodística hecha por Carlos Loret de Mola en el noticiero que conduce en Latinus, el país conoció las actividades de promoción personal que la Senadora morenista Andrea Chávez realiza en el Estado de Chihuahua. La información no solo fue contundente, sino que la confirmó la propia legisladora, quizá sin la noción de las implicaciones de sus actos y posibles consecuencias políticas y legales.

Con el objetivo de proporcionar servicios de salud a la población, la Senadora ha tenido a su disposición desde hace meses varias unidades médicas móviles en Ciudad Juárez y Chihuahua; el costo de cada unidad se estima en 10 millones de pesos. Y habrían sido proporcionadas por Fernando Padilla, quien tiene vínculos de amistad y cercanía con el Senador Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo morenista en esa cámara, así como un historial de contratos para suministrar servicios a gobiernos estatales con titulares del ejecutivo morenistas. Aunque la legisladora habló primero de aportaciones empresariales, reconoció que corresponden a esa persona.

La denuncia de estos hechos y su admisión por la beneficiaria, como lo precisó la Diputada Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional, registrándose que la dirigente en Chihuahua de ese partido presentó el asunto a la Fiscalía General de la República para la investigación de diversas conductas presuntamente constitutivas de delitos, refleja el plano penal de la cuestión.

El otro, obvio, es el electoral, que también puede tener implicaciones delictivas, pero cuyo centro es la promoción personalizada de la Senadora Chávez bajo la idea de que no lo tiene prohibido por que no ejerce recursos públicos, sino que lo realiza con aportaciones privadas y en aras de un fin social. Aún en el supuesto más generoso para apreciar intenciones de beneficio colectivo, no se reparó en el régimen de aportaciones privadas para propósitos político-partidistas y la prohibición de actos de promoción personal ante la población fuera de las precampañas y las campañas, que tienen tiempos y reglas.

Pues bien, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo discrepó de la realización de actos anticipados de promoción personal, aunque sin autoridad moral para hacerlo al recapitular la promoción que ella realizó desde 2022 y en 2023 en pos de la candidatura presidencial de Morena. Puso el pulso en el futuro de la postulación de su partido para los comicios locales de 2027. Anunció que enviaría una carta a la dirigente de Morena para solicitar se impidan los actos anticipados en afectación de la equidad en la competencia interna.

No es correcto lo hecho por la legisladora chihuahuense, pero no señala que haya ilegalidades o que deban fincarse responsabilidades. Parece que se reconocerá lo ilegal, pero no; en Morena no se transgrede la ley.

De mucho mayor calado es la reclamación al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Olivier de Frouville, por la decisión de abrir a la deliberación del Comité, con la información que aporte México, si en nuestro país existe la desaparición forzada de personas en forma generalizada o sistemática, a fin de determinar si la cuestión se somete a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el fondo hay un debate jurídico y una realidad, así como una llamada de atención del Comité.

La desaparición forzada implica la privación de la libertad de una persona por agentes del Estado o personas que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, negándose el hecho y ocultándose el paradero y la suerte de la persona desaparecida (artículo 2 de la Convención Internacional de 2006, en vigor para México a partir del 23 de diciembre de 2010). Y el artículo 3 vincula a los Estados parte a “investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, para procesar a los responsables”.

El gobierno y voceros se indignan por el planteamiento de analizar si hay un fenómeno de desaparición generalizada o sistemática de personas con la participación de agentes del Estado. La realidad es que en los registros de la Secretaría de Gobernación hay decenas de casos de desapariciones forzadas, si bien lo alarmante son las decenas de miles de personas desaparecidas por la delincuencia organizada más peligrosa. Nuevamente, en Morena no se transgrede la ley.

La llamada de atención parece ser en varias líneas: hay multitud de comunicaciones en el Comité de las víctimas de estas conductas delictivas en México; hay un muy bajo cumplimiento del Estado Mexicano de la obligación de investigar y procesar a los responsables de las desapariciones imputables a “particulares”; hay una falta de empatía y de compromiso con las víctimas, ya por tres lustros, que la Convención entiende son la persona desaparecida y toda otra que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición (artículo 24.1), aunque haya ahora un diálogo en marcha que podría terminar en algo positivo; hay reticencia del gobierno mexicano a aceptar la jurisdicción del Comité para recibir comunicaciones de personas sujetas al orden jurídico nacional que aleguen violaciones de México a sus obligaciones derivadas de la Convención; y hay preocupación por actuar para detener la tragedia de las desapariciones de la delincuencia organizada, aún con los límites del artículo 3.

Hasta ahora se distorsiona la realidad para evadir la ley y sus alcances. En una sociedad donde la cultura de cumplimiento del orden jurídico es baja, los entes públicos son los primeros compelidos a que impere el derecho; la vara de entender que las conductas de la Senadora Chávez son asunto de partido y que la desaparición de personas por la incapacidad del gobierno, no son susceptibles de responsabilidad internacional distorsiona la realidad y no resuelve los problemas.