La preparación técnica frente a la IA: formar para dirigirla, no para depender de ella
Hay gobiernos que administran el presente y gobiernos que intentan modificar el futuro. El segundo año de Claudia Sheinbaum permite sostener que su administración pertenece a la segunda categoría. A dos años de haber asumido la Presidencia de la República, el balance muestra algo más importante que una sucesión de cifras: la consolidación de un proyecto político que ha buscado dar continuidad a la transformación iniciada en 2018 y, al mismo tiempo, imprimirle un sello propio.
El principal mérito de la presidenta ha sido gobernar en un contexto particularmente complejo sin renunciar a las prioridades que ofreció a los mexicanos y su liderazgo ganado en las urnas. La economía ha enfrentado incertidumbre internacional, tensiones comerciales y un escenario geopolítico marcado por conflictos que afectan los mercados, los energéticos y las cadenas productivas. Sin embargo, México ha preservado su estabilidad macroeconómica, el empleo y una trayectoria favorable de los salarios reales.
No es un asunto menor. Durante décadas se quiso convencer a los mexicanos de que estabilidad económica y política social eran conceptos incompatibles. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que pueden coexistir disciplina económica, aumento de salarios, inversión pública y ampliación de derechos sociales. Pero si existe un ámbito donde el cambio comienza a ser particularmente visible es el de la seguridad.
La estrategia encabezada por la presidenta ha partido de una premisa distinta a la de los gobiernos que apostaron exclusivamente por la confrontación: inteligencia, coordinación institucional, investigación y persecución de las estructuras criminales. La conducción de Omar García Harfuch al frente de la estrategia federal ha contribuido a imprimir mayor capacidad operativa a las instituciones de seguridad.
La reducción de los homicidios representa, en este sentido, uno de los indicadores más importantes del segundo año de gobierno. No significa que el problema esté resuelto, ni sería responsable afirmarlo. México continúa enfrentando regiones donde la violencia criminal es una realidad cotidiana, pero tampoco sería serio desconocer que existe una tendencia favorable y que el Estado mexicano ha recuperado capacidad para enfrentar a organizaciones que durante años construyeron auténticos espacios de poder territorial.
La seguridad, además, ha comenzado a dejar de ser concebida exclusivamente como una cuestión policial. La política social, la recuperación de espacios públicos, la atención a los jóvenes y la generación de oportunidades forman parte de una estrategia más amplia. La idea es sencilla: un Estado que solamente persigue delincuentes llega tarde; un Estado que también genera condiciones de bienestar puede prevenir que miles de jóvenes sean capturados por las organizaciones criminales.
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