Control de daños presidencial. Tomarle la palabra

En la vida política existen hechos que tienen el potencial para cambiar el estado de ánimo de la sociedad, porque catalizan la exigencia de rechazo y cambio de la forma, contenido y términos de la conducción presente. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, el sábado 2 de noviembre en curso, ha tenido ese efecto. Concitó la indignación de esa comunidad, del Estado y de buena parte de la Nación.

En otras localidades del país otros hechos han motivado la indignación de la colectividad, como distintos episodios de personas “desaparecidas”. Ahora la renovada agresión a los uruapenses es herida profunda que se suma a las de una entidad federativa muy lastimada. Hay componentes singulares: autoridad electa a contrapelo del partido oficial y de sus aliados; líder con exigencias a la acción no sólo en lo local, sino en lo nacional, a quien no se le prestó la atención necesaria, y estandarte de esperanza -su perfil y desempeño lo conducían a la boleta electoral estatal- para una sociedad que ha padecido el avance paulatino, pertinaz y, cada vez, más profundo de la delincuencia organizada.

Enfrentada por la realidad, la titular de la presidencia de la República consideró que reunir al gabinete de seguridad y disponer las acciones más inmediatas le daría margen de maniobra (domingo 2); luego optó por la condena, el ofrecimiento de que no habrá impunidad para los perpetradores y la victimización de su gestión por la indignación desbordante, con el reparto de recriminaciones a quien se atreva a pensar distinto y ejercer la crítica (lunes 3), y después se inclinó por el control de daños generado por la acumulación de opiniones generalizadas de insensibilidad, incapacidad, ineficiencia, intolerancia e inmovilismo, todas derivadas de la indignación vigente (martes 4).

Entonces, el planteamiento al cual busca conducir la conversación, válido pero amorfo e insuficiente, es el anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Una intención, una invitación y una compilación de trazos de más de lo mismo con un esbozo de diálogo con la sociedad para elaborarlo y llevarlo a cabo.

Puede ser desolador que a más de un año en el cargo, con la evidencia del grave problema de inseguridad del país y su uso por el gobierno estadounidense para presionar al mexicano, los hechos delictivos denunciados pública y contundentemente por diversas personas de la sociedad michoacana y los condenables asesinatos de autoridades y productores en el Estado resulte ahora que era necesario formular el Plan, hacerlo con la sociedad y ponerlo en marcha.

Ahora bien, dos cuestiones aparecen con claridad: (i) el prolongado período en el cual la inseguridad ha dominado las tierras michoacanas. Con sus picos hacia lo pésimo, en esta materia fracasaron los gobiernos locales de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008), Leonel Godoy (2008-2012), Fausto Vallejo (2012-2014), Salvador Jara (2014-2015), Silvano Aureoles (2015-2021) y Alfredo Ramírez Bedolla (2021 y en el cargo). En lo federal los acompañaron -también con evaluación negativa en la materia- ejecutivos federales del PAN (Fox y Calderón), PRI (Peña) y Morena (López); y

(ii) el gobernador en turno ha sido rebasado por completo: no encabeza, no convoca, no figura, no gobierna más allá de la titularidad formal. La prueba es la ausencia de contribución al diagnóstico, la conformación de un programa de trabajo y la nula vinculación entre el ejercicio del mandato conferido y la demanda de seguridad ante la extorsión, las desapariciones y los asesinatos de la delincuencia organizada. El vacío es inmenso. Relevarlo debería ser parte del análisis hacia las soluciones.

Ayudaría a reconstruir la confianza de la sociedad michoacana hacia la invitación para hacer realidad el Plan Michoacán. Otro componente para restablecerla sería reconocer el error de no escuchar las peticiones de ayuda del edil asesinado. Es más que sabido y aceptado que la protección de la vida de una persona pública tiene límites. El General Álvaro Obregón lo reducía a que otra persona estuviera dispuesta a canjear la propia. Aún con la custodia estricta que se asignó a los fiscales Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, fueron asesinados en 1992 por la Cosa Nostra con descomunales cargas de explosivos ocultos en trayectos viales de Sicilia.

Sin embargo, falló la evaluación del riesgo y su actualización periódica, así como los operativos de salvaguarda. Decir que se le asignaron 14 elementos para la seguridad perimetral (siete en realidad, pues supongo tienen turnos) y que la seguridad de proximidad era la municipal de su confianza, es eludir la responsabilidad del ejercicio profesional que se espera ante un presidente municipal en las condiciones de Uruapan y de Michoacán.

Aunque los gobiernos federales de Morena se han regodeado en la simulación al abrir algún tema a la opinión de la sociedad (las reformas judicial y sobre el maíz transgénico son ejemplos a la mano), el cambio de estado de ánimo en las tierras de los históricos José María Morelos, Melchor Ocampo y Lázaro Cárdenas del Río aconsejaría no sólo a tomarle la palabra a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo -aún atada, como ha preferido estar, a la fidelidad acrítica a los intereses y dogmas de su mentor- sino a organizarse y a tomar la batuta de la integración de las soluciones.

Con relación a la vida michoacana en la inseguridad de todo el Siglo XXI, en términos generales su sociedad ha repetido el ciclo de la condena, que recibe la respuesta sobre la no impunidad; y la exigencia de actuación a las autoridades federales para que restablezcan la seguridad, que ha tenido respuesta pero no los resultados necesarios. En 2001 hubo 641 homicidios, 888 en 2011, 2091 en 2021 y 2175 en 2023, conforme a la información del INEGI (15.6, 21.1, 48.7 y 50.4 por cada 100,000 habitantes, respectivamente). Lo que ahí se instaló y pervive es la corrupción en los ámbitos más sensibles para la tranquilidad social, con el arrinconamiento de la sociedad.

Si el control de daños optó por anunciar el Plan, qué recomendable sería que los ámbitos no gubernamentales ni partidistas tomaran la conducción del diálogo con la oferente y sus representantes. La indignación social canalizada a través de los liderazgos de las personas productores del campo, empresarias de la industria y el comercio, académicas de los centros de estudio, críticas de los medios de comunicación, organizadoras de la sociedad civil y de pueblos originarios, podría traducirse en reflexión, propuesta, compromiso y acción decidida en defensa de lo propio.

Quien criticó a quienes la critican y les recriminó por que asumió que no tienen interés en Uruapan y Michoacán, podría encontrar la interlocución y el mandato de personas que con autenticidad y diversidad tienen en lo más alto el bienestar michoacano. Un Consejo Ciudadano de representatividad amplia que se auto conforme y valide por el reconocimiento y prestigio de sus integrantes garantizaría la objetividad del Plan y el establecimiento de objetivos medibles y evaluables. Sería, además, muestra de que la polarización y la recriminación al pasado y la crítica no son lo que hoy requiere ni desea la sociedad michoacana.