
Imponen censor oficial a periodista por caso Layda Sansores
Apenas este domingo pasado, la presidenta Claudia Sheimbaun Pardo declaraba en su gira por Baja California Sur lo siguiente: “en los gobiernos de la Cuarta Transformación no hay espacio para la corrupción”. La Presidenta no suelta su narrativa, buscando hacer honor a aquel dicho que dice; mentira que se repite mil veces, se convierte en verdad.
Desde su llegada al poder en 2018, el gobierno de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido un discurso firme contra la corrupción. Bajo el lema “no mentir, no robar, no traicionar”, se prometió el inicio de una nueva etapa política donde la transparencia y la honestidad serían pilares de la transformación del país. Sin embargo, con el paso de los años, el contraste entre el discurso y los hechos se ha vuelto cada vez más evidente.
Uno de los casos más notorios es el de Pío López Obrador, hermano del ex presidente, quien fue captado en video recibiendo sobres con dinero en efectivo por parte de David León, entonces funcionario público y operador político. A pesar de la evidencia visual y de la gravedad del hecho, ya que se trataba presuntamente de recursos ilegales para campañas electorales, el ex presidente desestimó el caso, asegurando que se trataba de “aportaciones del pueblo” y que no había nada de qué preocuparse. A día de hoy, no hay consecuencias jurídicas claras ni investigaciones serias que hayan avanzado. Esto envía un mensaje preocupante: la lucha contra la corrupción parece tener excepciones cuando se trata de allegados al poder.
Otro escándalo relevante fue el del hijo del ex presidente, José Ramón López Beltrán, quien residió en una lujosa mansión en Houston, propiedad de un excontratista de Pemex vinculado al gobierno federal. El caso, conocido como la “Casa Gris”, fue revelado por periodistas de investigación y generó un amplio debate sobre el conflicto de interés. La respuesta oficial fue evasiva, e incluso se desató una campaña de hostigamiento contra los periodistas que publicaron la investigación, lo cual agrava la situación al poner en riesgo la libertad de prensa como mecanismo de rendición de cuentas.
También destaca el caso de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), quizá uno de los episodios de desfalco más graves del sexenio. Se detectó un daño patrimonial superior a los 15 mil millones de pesos, una cantidad que supera incluso a algunos escándalos de gobiernos anteriores. Este organismo fue creado por el propio gobierno de López Obrador con la intención de combatir la pobreza alimentaria en el país. Paradójicamente, terminó convertido en una red de corrupción y desvío de recursos públicos. Aunque hay investigaciones en curso, el proceso ha sido lento y opaco, y no se ha llegado a los principales responsables políticos.
La verdadera lucha contra la corrupción no se logra solo con palabras o símbolos, sino con instituciones sólidas, independencia judicial, transparencia real y rendición de cuentas sin excepciones. Lo que hoy vemos es un retroceso: se ha eliminación del INAI, se ha atacado a medios independientes y se ha centralizado el poder en manos del Ejecutivo bajo el argumento de la "austeridad" o de la "transformación moral". Tambien creo que la sociedad en su conjunto ya no se cree la narrativa de la 4T. Al tiempo.