Desaparecer en México: el dolor que el Estado no quiere nombrar

En México hay un dolor que no se mide en estadísticas, aunque debería. Un dolor que no aparece completo en los informes oficiales, aunque todos sabemos que existe. Un dolor que el Estado ha decidido administrar con evasivas, silencios y respuestas a medias, el de las personas desaparecidas.

Desde hace años, cada vez que se le pregunta al gobierno federal por cifras claras, por estrategias contundentes o por resultados, la respuesta parece ser la misma, patear el bote. Cambian las narrativas, se tienen otros datos, se cuestionan los registros, pero la realidad permanece intacta o peor, crece.

Porque mientras el Estado duda, minimiza cifras, hay madres, padres y familias enteras que salen todos los días a buscar lo que las instituciones no han podido o no han querido encontrar.

Ahí está el trabajo incansable de activistas como Cecy Flores, de una de las tantas organizaciones de Madres Buscadoras y, de cientos de colectivos en todo el país. Mujeres que, con sus propias manos, con picos y palas, hacen el trabajo que le corresponde al Estado.

Ellas no buscan reflectores, buscan algo mucho más básico y mucho más devastador, encontrar a sus hijas e hijos. Poder enterrar a “sus muertos”. Tener un lugar donde llorarles.

Y, sin embargo, ni eso ha sido garantizado de manera consistente. Lo más doloroso no es solo la ausencia de resultados, sino la normalización de esa ausencia. Nos hemos acostumbrado a ver fosas clandestinas y cifras a medias en las noticias como si fueran parte de la vida cotidiana sin siquiera cuestionarlo.

Y en medio de esa realidad, ocurren episodios que evidencian la contradicción. Porque cuando se trató de la muerte de un líder criminal como “El Mencho” el Estado sí respondió con rapidez, con claridad y con control absoluto del proceso. Ahí sí hubo cuerpo. Ahí sí hubo certeza. Ahí sí se cuidaron las formas. Ahí no hubo dudas, ni retrasos inexplicables. La diferencia no es menor. Es profundamente reveladora.

Nos dice, con una claridad incómoda, que cuando el Estado quiere, puede. Que cuando hay voluntad, hay capacidad. Y que cuando no ocurre, no siempre es por falta de recursos, sino por falta de prioridad. Ese es el verdadero problema.

No se trata solo de la incapacidad institucional, sino de una jerarquía discrecional de prioridades. De quién merece ser buscado, de quién merece respuestas, de quién merece dignidad incluso después de la muerte.

México no puede seguir normalizando que las familias hagan el trabajo del Estado. No puede seguir delegando en colectivos lo que debería ser una política pública sólida, coordinada y efectiva.

Nombrar la crisis no es atacar al gobierno. Es asumir una realidad que exige respuestas urgentes.

Porque mientras las cifras se discuten, las madres siguen buscando. Mientras los discursos se ajustan, las fosas siguen apareciendo. Y mientras el Estado decide si reconoce o no la magnitud del problema, hay miles de familias viviendo en una espera que nunca debió existir.

En México, desaparecer no debería ser tan común. Y encontrar a quienes faltan no debería depender del amor y la resistencia de sus familias. Debería ser, simplemente, una obligación del Estado.