El narco y las elecciones

La intromisión del crimen en los gobiernos es una realidad y no debe negarse. Las bandas delictivas asolan y gobiernan una buena parte del territorio del país. Están mejor armadas que la mayoría de las policías y, en muchas localidades, las superan en número.

Enfrentar al crimen no es sencillo: los hampones toman cruel venganza contra quienes se resisten a sus órdenes y, más aún, contra aquellos que deciden combatirlos.

Para entender el fenómeno de la violencia y el reto que significa enfrentarlo, hay que reconocer: 1. La enorme demanda de drogas en los países desarrollados. 2. El escaso control de las armas y la riqueza que generan para esas naciones. 3. El uso perverso del narcotráfico como discurso para sostener actitudes de sometimiento y colonización. 4. La debilidad institucional y presupuestal de los gobiernos subnacionales y municipales. 5. La inexperiencia de muchas autoridades y la existencia de una masa que opina sobre el tema sin conocimiento o con intereses ajenos a la solución del conflicto. Obrador es el ejemplo de un ignorante en la materia.

El proceso electoral de 2024 fue terrible en términos de inseguridad. Se registraron 889 víctimas de violencia política y al menos 39 aspirantes o candidatos asesinados. La cifra representa un incremento del 200% respecto del proceso de 2021. Más grave aún: el 92% de los ataques ocurrió contra cargos municipales. Es claro que el crimen entiende lo que la autoridad ignora, o quiere ignorar: dominar los ayuntamientos significa controlar rutas, policías, presupuestos y territorios completos.

Morena instaló una estrategia permisiva durante el sexenio pasado, actitud que se ha vuelto una pesada carga para la actual administración y un lastre ante el cambio en la manera de enfrentar el problema y el contexto internacional.

La violencia campea por todo el territorio y los criminales hacen de las suyas. El objetivo no solo es la operación criminal; ahora se empeñan en apoderarse de los órganos de gobierno. Mientras eso sucede, no hay una respuesta eficaz y tampoco faltan las ideas aisladas.

En días pasados se presentó una iniciativa presidencial para “evitar” la intromisión del crimen en los comicios. La propuesta es insuficiente y, lejos de ayudar, va a generar problemas de certeza jurídica.

Se trata de crear una comisión conformada por autoridades con una evidente proximidad a Morena, cuya misión será calificar la idoneidad de los candidatos. Más allá de la presunción de inocencia y otras consideraciones, la idea parece cándida e inútil.

Estoy seguro de que en la redacción no participaron expertos. Si se hubiera recurrido a ellos, se tendría una mejor alternativa legislativa, con dispositivos para proteger a los candidatos en peligro y resolver la crisis que representa el homicidio de estos; además, generar espacios confiables de denuncia, sancionar a partidos que se convierten en agrupaciones criminales, evitar candidaturas únicas, disolver gobiernos cooptados por el crimen e impedir el financiamiento ilegal.

Durante el debate presentaré propuestas para resolver esos problemas. Los diputados de Morena, no tengo duda, las votarán en contra. Lo de ellos es levantar la mano para ganar un viaje a La Chingada.