El secuestro de los municipios

Las bandas criminales que llegan al grado de ser hegemónicas y controlan todo el fenómeno delictivo de una región, tienden a colonizar a las autoridades municipales. No solo las áreas relacionadas con la seguridad; la práctica se realiza también en las dependencias que ejercen presupuesto. Hay un trasvase de fondos públicos al crimen organizado, que se concreta en el “pago de piso”, la cesión de obra pública y el uso de la nómina.

Las principales víctimas son los municipios de poca capacidad económica y aislados, pero también los de regular tamaño pueden ser objeto de estas prácticas. Recordemos que en el país hay más de 2,470 ayuntamientos.

Muchas condiciones facilitan el trasvase de recursos, desde la indolencia de los alcaldes hasta la falta de solidaridad de las autoridades estatales. Es evidente que los municipios con pocos recursos tienen dificultades para contar con fuerzas de seguridad que enfrenten con éxito a los criminales peligrosos.

No hay duda de que en muchos sitios la delincuencia puede imponer a los munícipes, pero, en un buen número de alcaldías, la operación es más simple y se basa en el temor que pueden infundir a los funcionarios y las comunidades. No es extraño ver en tierra caliente o regiones del centro-norte del país a grupos de más de 100 bandoleros que se pasean por las calles de los poblados. Es claro que los 10 o 20 elementos de seguridad que suelen tener esos lugares nada podrán hacer en contra de ellos.

Me han confesado munícipes que los criminales saben la hora en la cual llegan las participaciones a las tesorerías o los montos para infraestructura. En las semanas recientes, en un estado del norte, un grupo delictivo citó a los alcaldes, llegaron más de 30 y se les “pidió” 80 por ciento de la obra pública. Nadie objetó y mucho menos denunció. Todos saben las consecuencias.

El fenómeno es conocido por las autoridades y en ese sentido se requieren respuestas institucionales. El tema no solo es policial y se deben explorar acciones para dificultar el accionar de los criminales. A ellos les favorece la opacidad, las obras sin concurso y la disminución de las auditorías federales y estatales. La planeación de la infraestructura se ve afectada pues los delincuentes también eligen las obras que desean realizar y pueden no ser las que se necesitan. Muchos de los alcaldes son víctimas y les hace falta ayuda inteligente para superar la crisis. 

El mejor antídoto contra los criminales es la actuación de los gobernadores y la coordinación que ellos puedan realizar con los poderes estatales y con los otros órdenes de gobierno. En los lugares donde se recuperó la paz, su actuación fue fundamental; en el resto, las autoridades deben dejar de transferir la responsabilidad a la Federación.

Hay muchas ideas para dañar la operación de los criminales, desde nuevas leyes de obra pública y compras hasta la consolidación de concursos y la planeación estatal de la infraestructura. Es necesario evitar los programas sin reglas de operación y aquellos que estimulan la contratación sin concurso. Los padrones de proveedores deben pasar por el examen de las unidades de inteligencia financiera local y federal. Las primeras son importantes, pues su tramo de control es menor.

Asumir la responsabilidad de enfrentar a los criminales nos debe llevar a reflexiones profundas sobre las respuestas del Estado mexicano al fenómeno delictivo. Los políticos tenemos que dejar de ver la inseguridad como un campo para batallas ideológicas y poner nuestro mayor esfuerzo en los acuerdos y las respuestas inteligentes al problema.