El tramo y el saldo: Régimen absolutista

Recién se cumplió un año de la jornada comicial de 2024. En una elección ajena a la equidad triunfó la candidatura oficial a la presidencia. Se planteó la continuidad, pero se interpretó como plebiscito para los “pendientes” que obsesionaban al entonces titular del Ejecutivo Federal. Quien fue electa no permea estar en control de los medios e instrumentos políticos, estratégicos y tácticos del cargo, a pesar de la cansina conferencia matutina en la lucha de la propaganda por la narrativa. Salvo la reforma sobre seguridad pública y la estrategia conducente, donde falta resolver tensiones derivadas de la contradicción de dar el mando policial al secretario civil y la fuerza al secretario militar, sigue el guión del antecesor.

La votación del domingo inmediato anterior marca el tramo político de un año, aunque el gobierno lleve ocho meses. ¿Hay saldos que observar?

1. La Nación permanece dividida. Si bien se reconoció el atemperamiento de la polarización promovida un día sí y otro también del período presidencial anterior, en realidad permanece la voluntad de escindir, donde muchos de los señalados antes de ser adversarios decidieron ubicarse como personas que colaboran; hay menos florituras, pero más dureza en las expresiones. La muestra más reciente está en lo dicho con motivo de la preparación y evaluación inicial de la jornada del proceso electoral judicial extraordinario.

Ante el fracaso de la movilización prohijada por el gobierno federal para alcanzar una participación relevante de la ciudadanía hay cero autocríticas, comparaciones sin objetos factibles de serlo, giros de burla hacia los partidos en minoría y falta de respeto a la inteligencia de cualquiera, pues de un plumazo asume que las 128 personas senadoras y la presidencia no tienen la representación popular de la Nación.

2. La construcción de entendimientos no aparecerá y la polarización crecerá. No es exclusivo de los gobiernos emanados de Morena, pero lo tienen acentuado: tener y conservar el poder es el propósito, no el gobierno y las condiciones de libertad, igualdad y justicia para las personas. Estas figuran, pero la prioridad es la consignada. La métrica es la elección y la unidad de medida el voto en la urna. ¿Qué arrojó la elección federal de 2021? El alineamiento del gobierno para preparar -con demasiadas ventajas- la votación de 2024.

¿Qué arrojará la votación judicial de 2025? La convicción de que puede estar en riesgo la ilegítima mayoría calificada en la Cámara de Diputados e incluso la mayoría absoluta. Al efecto, el diálogo no aparecerá, la confrontación se incrementará y la reforma electoral unilateral estará publicada y en vigor al cerrar -cuando mucho- mayo de 2026. Se usarán las súper mayorías para mantener el dominio logrado sobre las instituciones administrativa y judicial electorales del país, así como para que el sistema electoral favorezca al partido del gobierno y sus aliados: ¿supresión de figuras para garantizar la proporción entre el voto popular y las curules y escaños en las cámaras federales? ¿Limitación del financiamiento público y los tiempos de radio y televisión para los partidos, sin temor oficial alguno por contar con las arcas públicas, los medios de radiodifusión del Estado y el presupuesto de comunicación social del gobierno?

3. La sustitución del Estado democrático de derecho por el régimen absolutista y la paradoja de concentrar el poder en un Estado débil. La mal llamada reforma judicial; la supresión de los organismos constitucionales autónomos de transparencia, competencia y telecomunicaciones, así como de los órganos reguladores en materia energética; la ampliación de la prisión preventiva de oficio; la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y la ubicación de funciones en materia de seguridad nacional y de inteligencia de carácter nacional en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el contexto actual de una presidencia excluyente de la diversidad y súper mayorías afines en el Congreso, consolidan un régimen absolutista.

La separación de poderes es simulación, la restauración del presidencialismo un hecho, la militarización de la seguridad un retroceso confirmado -ahora con rango de Ley Suprema-, la persecución penal por razones políticas una amenaza permanente y el brazo policial en riesgo de desbordarse por mandato constitucional estimado necesario ante las Fuerzas Armadas. El poder se concentra en un escenario militar y policial, sin deliberación plural y canales democráticos.

Sin embargo, el Estado Mexicano acusa debilidades ostensibles: (i) la presencia, violencia y dominación de grupos de la delincuencia organizada más peligrosa en amplias zonas del país, con tres expresiones de su poder de facto: la diversificación de sus actividades ilícitas, la infiltración de estructuras gubernamentales de distintas esferas y la aceptación y participación de diversos ámbitos y espacios de la sociedad en los lugares donde actúan;

(ii) el estancamiento de la economía, en el mejor de los casos, por razones propias y del exterior que causan y profundizan la incertidumbre. Sin crecimiento económico los ingresos tributarios afectarán la proyección de las estimaciones de gasto y los compromisos políticos y sociales del régimen; y

(iii) la compleja relación con el 47º presidente de los Estados Unidos y sus necesidades políticas, electorales e incluso de ego, pues la asimetría sin la convicción en Washington de la conveniencia del progreso y la prosperidad del vecino puede generar mayor dependencia y menos colaboración mutuamente benéfica. Es sintomático que cuando la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo enfatiza la voluntad de colaborar y cooperar, suele dar cobertura a que el deseo y la exigencia estadounidense ocurre por cesión y no por otra razón.

Hay debilidad estructural en el Estado Mexicano y debilidad del gobierno en turno. ¡Qué paradoja! La alta simpatía hacia la presidenta de las encuestas no se tradujo en votos para las personas juzgadoras. De los menos de 10 por ciento de votos válidos de la ciudadanía en la lista nominal de electores, aunque ocupen los cargos las personas de los “acordeones” oficiales, el rechazo del ejercicio oscila entre la ausencia de comprensión del objeto de la votación y de las boletas, la falta de credibilidad del proceso y la carencia de legitimidad de la reforma. La conducta ciudadana mayoritaria tampoco es mérito de las formaciones de oposición.

El tramo marca la continuidad con mando intermitente y errático. Aunque se intente sublimarlo con referencia a la cuestión social, el saldo presenta el grave surgimiento de un régimen absolutista.