Elección judicial: No convalidar lo ilegítimo

Como todos los comicios, los del 1 de junio entrante sobre encargos judiciales aspiran a la legitimación de las personas electoras; la obtención de un mandato de la ciudadanía para asumir funciones. La actuación en los cargos se baña de legitimidad por el respaldo popular; es el bono para asumir la tarea. Es la legitimidad de origen. Hay otras: la del desempeño y la de los resultados. ¿Cuánta legitimidad de origen arrojarán esa jornada electoral y sus resultados?

Es el dilema para quienes impulsaron la reforma judicial del expresidente López y que asumió a cabalidad su sucesora en el poder ejecutivo. Y es, también, el dilema de cada persona ciudadana, en su titularidad originaria de la soberanía.

El gobierno federal y su maquinaria política –propia y aliada– impulsan la participación bajo la sombra del discurso de atender una demanda popular, al grado de evitar la real discusión pública y parlamentaria y afirmar que la mayoría electoral lo instruyó al votar el 2 de junio de 2024.

Antes de legitimar con la presencia en las urnas y el voto válido a alguna candidatura, retomemos algunos componentes de este momento:

(i) ninguna de las democracias consolidadas con historia en el siglo pasado y el presente han considerado pertinente la elección de las personas juzgadoras. No lo hacen Gran Bretaña, Francia, Canadá o Chile y los Estados Unidos lo reservan para funciones de jurisdicción territorial y material de carácter estrictamente local en algunas entidades. Si reconocemos elementos valiosos y compartidos con esos países, como el Estado de Derecho, la separación de poderes y el sistema democrático, ¿por qué a lo largo de su historia, su experiencia e inclinaciones en el mundo de las ideas, que se han alternado, no han llegado a la propuesta de elegir a quienes conforman sus poderes judiciales?

(ii) ¿Será porque la naturaleza de la función judicial -resolver controversias con base en la ley y la actuación probada de las partes, sean públicas o privadas- es distinta a la de los poderes legislativo y ejecutivo, que requieren indefectiblemente de la representación política? Quienes imparten justicia están vinculados a hacerlo con imparcialidad, sin tomar partido. La reforma judicial de 2024 -postulaciones, órganos y ventajas para partidos y poderes fácticos- deja ver la falta de garantías de autonomía e independencia para las personas juzgadoras; y

(iii) la ausencia de un diagnóstico integral del sistema de justicia mexicano impide asumir que la solución a los problemas que presenta -así fuere en parte- radica en la elección popular de las personas juzgadoras. En la raíz de esos problemas -antropológica y sociológicamente- está la baja cultura de legalidad de nuestra sociedad y la lucha por sostener el Estado de Derecho. Si así fuera, habríamos tenido y tendríamos poderes legislativos y ejecutivos prestigiados y eficaces, en vez de -en lo global- legítimos a la luz de la calidad de los comicios de los cuales emanaron.

Si no es práctica en las democracias del mundo, si las personas juzgadoras requieren de independencia de criterio y no quedar atadas a quienes hicieron factible su elección, y si no hay diagnóstico sobre el sistema de justicia y los beneficios esperados para quienes ven afectados, vulnerados e, incluso, conculcados sus derechos, ¿a dónde nos conduce la elección judicial de 2024?

A la convalidación -quienes participen- de la demolición del freno de la función judicial para los actos de los poderes ejecutivo y legislativo; a la concentración del poder en la formación partidaria de mayoría y quienes la controlen en la presidencia de la República, las cámaras federales y los poderes ejecutivos y legislativos locales, que se efectuó con las reformas constitucionales publicadas el 15 de septiembre de 2024.

La destrucción del contrapeso de la revisión judicial del ejercicio del poder público -e incluso económico aliado del político o delincuencial con aspiraciones de tener y controlar personas juzgadoras- ya ocurrió. Para el régimen el domingo 1 de junio entrante es la posibilidad de confirmar, con la narrativa que pretende, que no hay sustento para la sentencia de la tiranía del democratismo populista que impulsa.

Repetir que el pueblo lo pidió, aunque sea falso; que el pueblo confirió mandato, aunque las mayorías que lo decidieron sean ilegítimas; que el pueblo va a elegir, aunque sea una ilusión óptica; que la justicia atenderá los intereses del pueblo, aunque se asegurará el interés del poder en turno y grupos regionales de distinto origen y propósitos; que se erradicará la corrupción en el sistema de justicia, aunque se estará enpoderando a quienes la estructurarán y controlarán con criterios políticos o de poderes de hecho.

México está en un proceso controlado por el régimen: (a) reglas sin acuerdo en la pluralidad; (b) órganos electorales con mayorías capturadas; (c) postulaciones de personas afines y “apalabradas” para ser favorecidas en la movilización de votantes del gobierno, su partido y sus aliados; (d) vulneración de la igualdad del voto para que ciertos cargos de carácter nacional se elijan en bastiones morenistas; (e) afectación de la certeza por la ausencia de invalidación de boletas no utilizadas ni escrutinio y cómputo en las casillas; y (f) movilización de personas electoras por criterios de vinculación a los subsidios de carácter social en los gobiernos emanados de Morena y sus aliados.

¿Ya vio y analizó las boletas? ¿A la luz de las campañas de las candidaturas registradas? ¿Cómo se explicará -como pienso sucederá- que haya mayoría de votos para las mismas personas en todo el país o por regiones? Solo por la operación de la plantilla-planilla oficial. A las personas movilizadas se les inducirá a votar por las mismas candidaturas. Será la prueba de una votación ajena a la autenticidad. Y de a quien le debe cada quien el cargo.

Votar sería convalidar la destrucción del freno de la función judicial imparcial y su significado para la pervivencia generalizada del Estado de Derecho. No hay derecho contra el derecho. Y una reforma constitucional ilegítima no puede generar ese derecho con cargo al sufragio. No cabe legitimar una farsa; en paralelismo con la votación pedida para la consulta popular y la revocación de mandato, sin más del 40 por ciento de la lista nominal de electores en las casillas, el veredicto será la ausencia de legitimidad de las personas electas. Ahora es lo que queda a la ciudadanía que disiente.

Post scriptum: la primera libertad es la de expresión, porque es la reivindicación más elemental de la ciudadanía ante el poder. Si no se practica la réplica, no cabe incurrir en la censura. Solidaridad con Héctor de Mauleón y Ramón Alberto Garza.