Elección judicial: ¿Qué hacer? (I)

Está cada vez más cerca la jornada para la elección judicial. La iniciativa del expresidente López para transformar los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas en una esfera de influencia y dominio del poder ejecutivo y la mayoría afín en el Congreso, pudo convertirse en Norma Suprema por los medios ajenos a la ética del gobierno morenista.

El fin de eliminar el contrapeso del control de la constitucionalidad para contener las tendencias al absoluto, se logró por la captura de la mayoría del Consejo General (CG) del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Sala Superior (SS) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para darle al partido del gobierno y sus aliados (PVEM y PT) las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. En el Senado lo lograron con la misma ausencia de ética, pero con sumas de personas votadas por otros emblemas.

Más allá de la deliberación sobre la revisión jurisdiccional de las reformas contrarias a los valores y principios constitucionales, así como el control sobre el procedimiento de reformas y adiciones a la Ley Fundamental, el principio de la separación de poderes y la sujeción del legislativo y el ejecutivo a la determinación del judicial cuando sus actos son controvertidos se perdió en esos dos momentos: la asignación contraria al fin de la norma constitucional de las diputaciones plurinominales, y la adhesión de tres personas senadoras al grupo parlamentario de Morena, con un ausente de MC que no debe olvidarse; es agosto-septiembre de 2024.

Hubo un momento de esperanza con el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá con motivo de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas, que concluía en la elección de las personas integrantes de la Suprema Corte. Sin embargo, al prefigurarse que no se alcanzarían los votos para las invalideces propuestas, la oportunidad se esfumó; es noviembre de 2024.

En todo momento, el gobierno ha promovido con su mayor empeño la reforma judicial y su necesidad para corregir las inconsistencias, deficiencias e ilegalidades que enfrentan las personas para que las controversias que los implican se resuelvan conforme a derecho y, quizás, con justicia. Incluso la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo ha incorporado a sus discursos a lo largo de sus giras, que esos comicios nos hacen “el país más democrático del mundo”. Reduce la democracia al acto electoral, cuyo buen éxito es de pronóstico reservado.

Aunque sin duda existen en nuestro país problemas relevantes para que la ley se cumpla y para obtener soluciones regidas por la justicia a las peticiones, gestiones, demandas y denuncias de las personas, el diagnóstico de la situación imperante habría requerido la revisión integral de nuestro Estado de Derecho o, al menos, de las normas, los procedimientos y las instituciones a cargo de que impere la ley: seguridad pública, actuación de las autoridades administrativas de todo orden con apego a las normas, controles internos y externos de la legalidad confiables e íntegros, procuración de justicia con probidad y eficacia, y conocimiento y resolución de las controversias competencia del poder judicial con prontitud, rectitud, objetividad e imparcialidad.

La reforma soslayó que el poder judicial es el eslabón en el cual culmina el sistema de justicia, por lo cual los comicios para integrarlo no implican atender los demás. Al contrario, no atenderlos y hacer a un lado al propio poder judicial en la revisión integral necesaria, más bien confirma que el propósito es el denunciado: tomar el control del poder judicial por medios políticos con el manto protector de la elección ciudadana.

A esas limitaciones en la concepción y alcances de la reforma constitucional del año pasado, se agregan las complicaciones del proceso en marcha. Van unos ejemplos:

(i) la novedad de la elección, pues históricamente elegimos a quienes nos representan -con base en la mayoría de sufragios- en cargos ejecutivos y legislativos de naturaleza política. ¿Las personas electas para cargos judiciales, serán nuestros representantes? ¿Qué ideas sobre la impartición de justicia emanan de esa mayoría? ¿Sobre qué manifiesto o programa pedirán el sufragio? ¿Podrían los demandantes de un juicio imparcial, obtenerlo ante los postulados a los cuales se habría comprometido la persona electa como juzgadora?;

(ii) el número de cargos a elegirse es impresionante: 9 integrantes de la Suprema Corte, con 81 candidaturas; 2 de la SS, con 18 candidaturas; 15 de las cinco Salas Regionales del TEPJF, con 135 candidaturas; 5 del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), con 45 candidaturas; 464 magistraturas de Circuito, con 2,784 candidaturas; y 386 judicaturas de Distrito, con 2,316 candidaturas. Todo esto solo en el ámbito federal, pero si se reside en una de las 19 entidades que están llamadas a votar por las personas que conformarán el respectivo poder judicial local, los números se incrementan. Serían, al menos, seis boletas con demasiados nombres para seleccionar entre quienes -harto probable- ni siquiera conozcamos al grado de evaluar si se les otorga o no el sufragio;

(iii) el efecto de la astringencia presupuestal a la cual la mayoría en la Cámara de Diputados y luego la residente de Palacio Nacional sometieron al INE, pues se estima que solo se instalarán 84,123 casillas (71,076 básicas, 12,802 contiguas y 245 especiales), todas las boletas utilizadas por la persona electora se depositarán en una sola urna y, cortesía de la complejidad de la emisión de los sufragios (piense en el supuesto de seleccionar 5 candidatas y 4 candidatos de las 81 personas registradas para un cargo en la Corte), el cómputo distrital no se realizará en la casilla, sino en el Consejo Electoral correspondiente, entre el 1 y el 10 de junio, el de entidad federativa el 12 en el Consejo Local y el de la circunscripción electoral el propio 12 en el Consejo Local que sea su cabecera, y los resultados de todo el país se darán a conocer por el CGINE el 15 de ese mes.

Si usualmente las personas ciudadanas no conocen a quienes son postulados para las diputaciones y las senadurías (dos boletas con las opciones de los emblemas partidistas y los nombres inscritos), ¿habrá la cultura cívica y el tiempo para saber qué personas contienden y valorarlas? Es remota la posibilidad.

Los errores y la perversión atrapan, incluso, a personas íntegras y de buena fe. ¿Qué hacer? (Continuará).