Errores presidenciales sin control de la gestión

De la ensoñación de la fotografía de las encuestas a la realidad del gobierno resultó mayo último y así parece pintar junio para la titular de la presidencia. Al finalizar abril reventó la pretensión de imponer -casi con dispensa de conocimiento- una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se escondía en la reacción por la ofensiva publicidad estadounidense para disuadir a potenciales migrantes, y al principiar junio se materializó el fracaso del intento por legitimar la reforma judicial con una participación ciudadana movilizada por las estructuras gubernamentales y partidistas propias y aliadas.

Ambos temas requerirán reflexión y decisiones. Son de carácter interno, aunque con repercusiones en el exterior. Con esas dificultades a cuestas, aunque la posibilidad de imponer hiciera pensar que ya estaban superados, las tensiones y riesgos se formaban en el ámbito internacional.

En ocasiones las personas a cargo del ejecutivo federal mexicano han dominado alguna materia; sea por formación profesional o experiencia en las tareas públicas. López Portillo dominaba la Teoría Política, aunque de poco le sirvió en el desempeño; Salinas de Gortari y Zedillo conocían la Economía Política y las finanzas públicas; Calderón el funcionamiento del poder legislativo. Sin embargo, el cargo es complejo y con muchas facetas. Hoy el precedente está en la gestión ambiental y el gobierno, por decirlo así. Están a prueba esos saberes y experiencias.

Para quien asume la presidencia las cuestiones internacionales suelen no ser el ámbito de formación, pero en el mundo actual demandan atención, presentan retos y generan valoraciones. En el anterior periodo presidencial se optó por carecer de política exterior, con la consigna falaz y la socarrona auto complacencia de que la mejor política internacional era la interior. La falla fue expuesta y rectificada por la pandemia de la Covid-19 y las imposiciones de Donald Trump en la política migratoria mexicana. El exceso de una -buena o mala- no sustituye la otra. Más productiva parece una consideración de complementariedad.

Sin pericia, aptitud, capacidad y madurez para los asuntos internacionales, la representante per se del Estado Mexicano trastabillea y tropieza. Hablar y usar el megáfono de la tribuna presidencial y el aparato de difusión que la acompaña en el orden interno para inducir y fortalecer la narrativa oficial expone a la Nación y afecta los intereses del Estado, con cargo a un aparente ejercicio de la facultad para dirigir la política exterior.

Primero fue la arenga en contra del establecimiento de un tributo para el dinero que las personas residentes en los Estados Unidos remiten al extranjero, pensándose en las connacionales; y luego la airada reclamación a los términos del Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el proceso electoral judicial, la jornada de votación del 1 del actual y sus primeros resultados.

En ambas cuestiones, ¿no había otras voces, ¿no había otros tonos, en su caso?, ¿no había otros tiempos? La prudencia es, también, una virtud política. ¿Dónde quedó la muletilla de la “cabeza fría”, salvo cuando se recuerda después de los errores?, sobre todo cuando el primer asunto deviene de una propuesta legislativa impulsada por el referente de la intención de mantener la calma.

Se ha exhibido la ausencia de diplomacia. ¿En verdad tenía sentido que la titular de la presidencia convocara a la movilización de compatriotas en contra del impuesto planteado?, aunque ahora se quiera matizar con significados de visitas al Capitolio y cartas a sus inquilinos. ¿Cuál era el propósito? ¿Advertir? ¿Expresar fortaleza en las comunidades migrantes mexicanas? No lo sabremos, porque la compleja realidad y sus derroteros en la política interna de los Estados Unidos -incontrolables desde los atriles de la conferencia matutina y las giras- hicieron que las manifestaciones del fin de semana anterior en Los Ángeles y el uso de la Guardia Nacional de California, federalizada en aparente inconstitucionalidad, le pasaran la factura a Palacio Nacional.

Un fácil escenario para que la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, reprochara a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo por alentar las protestas sucedidas en la ciudad californiana. Las aclaraciones de ésta se basaron en lo expuesto después de los hechos de violencia del fin de semana, sin considerar lo dicho a finales de mayo sobre la movilización contra un acto de gobierno en proceso. Ante la reclamación de la funcionaria estadounidense, se rectificó para optar por el respeto y el diálogo, y se descendió un escalón -o dos- en la interlocución, sin recuperar terreno ante la Casa Blanca.

Antes, pero con el apremio con que ha rectificado ante el gobierno estadounidense, cayó también en la tentación de reprender reiteradamente, quizás por falta de conocimiento y humildad, a la misión de la OEA encabezada por Heraldo Muñoz,  otrora canciller chileno. El gran disgusto es con el señalamiento de que “no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”. Aduce que ese tipo de consideraciones son ajenas al Estatuto (sic) de la OEA. Parece soslayar no solo la detallada descripción de la reforma judicial, del proceso y del desarrollo de la jornada que se hace, así como el análisis que sustenta las recomendaciones específicas y generales, principalmente la siguiente: “La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de jueces a través del voto popular…, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”.

Es curioso el formalismo presidencial, particularmente si no se dan a conocer los términos del convenio celebrado para la observación electoral en cuestión (art. 24 de la Carta Democrática Interamericana -CDI-), pues se plantea que la Misión excedió su ámbito -y el de la OEA misma- al hacer crítica sobre la decisión soberana de México para ir a la elección judicial en los términos y condiciones en las cuales se ha dado. Es cierto que la OEA tiene como principio el derecho de todo Estado a elegir, sin injerencias externas, su sistema político,… y a organizarse en la forma que más le convenga”, así como que cada Estado miembro “tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. En este libre desenvolvimiento del Estado respetará los derechos de la persona humana…” (art. 3 e) y 17 de la Carta de la OEA). A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial…” (art. 8.1).

La observación electoral en cuestión no se pronuncia sobre la decisión política de establecer un nuevo procedimiento para designar personas juzgadoras, pero pone en perspectiva si está a salvo la garantía judicial básica a un tribunal independiente e imparcial y si la forma en la cual se ha realizado el proceso comicial judicial incorporó “las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas” (art. 25 de la CDI).

Los equívocos presidenciales en cuestiones de repercusión internacional no son el mejor preámbulo para su participación como invitada en la 51ª Cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá. En un tema están presentes las aclaraciones para evitar un “malentendido” auto originado sobre una cuestión muy intensa de política interior estadunidense y, en otro, el apartamiento del principio democrático de la separación de poderes con cargo a una reforma sin legitimidad y una jornada de votación casi sin personas electoras.

Convocar a la solidaridad con la jefa del Estado es válido cuando está en juego el interés nacional, pero cabe exigir rigor en el desempeño, capacidad en la actuación y prudencia en los asuntos de Estado.

¿Lo que vemos son síntomas del deterioro político del régimen de la súper mayoría perfecta? Habrá que desmenuzarlo, pero el sistema electoral está capturado, el sistema de partidos en búsqueda de su reconstrucción y el sistema de gobierno bajo el dogma de la concentración del poder. Lamentablemente el deterioro político, paulatino o episódico, no tiene límites, solo sociedades dispuestas a explorarlos. Por encima de los errores presidenciales, una causa permanece presente y viva: la restauración de la auténtica separación de poderes como sustento democrático del imperio de la ley y, en su momento, del control de la gestión del gobierno.