Frente Amplio Democrático. Diálogo y legitimidad

Antes que los órganos del Estado, como ingrediente esencial de la sujeción del poder a la ley, las Constituciones establecen a quiénes corresponden los derechos políticos. En el Estado moderno la soberanía -sin dejar de reconocer la tradición de Westminster- se deposita en el pueblo, cuya participación para efectos de las decisiones políticas corresponde a las personas ciudadanas. En la política contemporánea la ciudadanía es el sustento del acceso al ejercicio de las funciones públicas -del poder- y el sujeto colectivo legitimador del desempeño en los cargos, sea por el mandato de las urnas o por la designación prevista en el orden jurídico.

Quien protestó cumplir la Constitución ha hecho un compromiso implícito con el respeto a las personas ciudadanas; a todas, a la consideración integral de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y no únicamente de quienes le profesan lealtad, simpatía o mera aprobación a la gestión en marcha.

Como suscriptor del Manifiesto del Frente Amplio Democrático (FAD) que se emitió el 3 de febrero en curso -queda asentado el interés y la consideración de eventual conflicto para quien lee-, las expresiones sobre el documento hechas por la titular de la presidencia de la República en la conferencia de prensa del día siguiente parecen erigirse en la confirmación del razonamiento formulado para que la anunciada reforma electoral sea producto del diálogo y “el consenso de todas las corrientes políticas, incluidas las de oposición”.

No me detengo en las entonaciones de voz a la manera de una parodia o de la selección de algunas personas para descalificarlas por actuaciones del pasado -sujetas al juicio de lo hecho-, pero en el fondo por pensar y opinar distinto a la corriente política del gobierno en turno. La cuestión es si la persona encargada del poder ejecutivo requiere acudir a la mofa con la intención de restar valor al planteamiento sustantivo de personas ciudadanas con consideraciones, opiniones y preocupaciones en torno a las normas, las instituciones y los procedimientos inherentes a los derechos de votar y ser votadas en condiciones de libertad, autenticidad, equidad y justicia entre iguales que forman parte del pueblo soberano.

Afirma la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, con razón, que no hay una iniciativa presentada, que pronto se dará a conocer y que -lo implica- tendrá elementos para generar sorpresas gratas. Vale esperar que así sea. Sin embargo, como apuntó Mark Twain en ocasión de habérsele dado por fallecido y estar él presente: “nadie muere en la víspera”.

El FAD no puede conocer la propuesta que estaría construyéndose y, tal vez, negociándose por el gobierno con sus aliados electorales y parlamentarios, pero tampoco puede desconocer las formas de la exclusión en una cuestión que compete a todo el espectro político, pues se trata de las reglas para expresar la voluntad popular, transformarla en representación política y salvaguardar el derecho a cambiar de corriente política en la titularidad de la función ejecutiva y en la integración del Congreso.

Pueden no reconocerse hoy como precedentes atendibles, pero las modificaciones constitucionales en materia político-electoral de 1977 a 2016 se concretaron con base en el consenso de las fuerzas políticas de cada momento, sobre todo las reformas más trascendentes, incluso cuando históricamente el Partido Revolucionario Institucional tuvo la mayoría calificada en las cámaras federales y la mayoría de las legislaturas estatales para no requerir amplitud en los acuerdos. Este precedente es el que llevó a las reformas de 1993 y 1996 para que ninguna fuerza política -en los hechos la alianza entre Morena, PVEM y PT se comporta así- pudiera modificar la Constitución sin el concurso de otras corrientes representativas de la pluralidad nacional.

En las formas está la duda sobre el fondo: i) el precedente de una Comisión presidencial en el poder ejecutivo que, si bien escuchó planteamientos, no dialogó propositivamente con las oposiciones y la sociedad civil sobre los problemas del sistema electoral que es pertinente resolver y cómo; ii) la realidad del diálogo constreñido a los partidos aliados para asegurar la viabilidad de la iniciativa en las cámaras federales; y iii) el catálogo de temas de preocupación gubernamental y la intención primaria de sus reflexiones, como el gasto público destinado a la organización y realización de los comicios, con sus implicaciones para los órganos nacionales y locales; el financiamiento público para los partidos y las campañas; la elusión de la demanda para que en los órganos colegiados de elección la integración corresponda en la mejor forma posible al porcentaje de sufragios recibidos; y la consideración de empatar la jornada de una eventual revocación del mandato presidencial con la jornada electoral.

Existe una cuestión adicional: la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados es ilegítima e inconstitucional. No se justifica, pero si bien pudiera discutirse y hasta comprenderse el uso de esa mayoría y la homóloga en el Senado, producto de la corrupción y la degradación política de quienes la armaron, para impulsar y alcanzar modificaciones acordes a una corriente de pensamiento político, como las relativas a la participación del Estado en la economía o en algunos de sus sectores, tratándose del derecho político de las personas ciudadanas al sufragio y el conjunto de normas para conformar un sistema electoral que garantice su emisión, efectos y mandatos en condiciones de igualdad, el ejercicio no democrático de la mayoría calificada equivaldría a una imposición y sustraería la posibilidad de la legitimidad de las reglas y del sistema reformado.

¿Podría hacer la encargada de la presidencia una lectura serena, sobria, ajena al prejuicio, la descalificación y la polarización excluyente del Manifiesto del FAD? Debería poder hacerlo en el plano de la jefatura del Estado en aras de la real legitimidad política, no de la legalidad formal. ¿Qué se le plantea como propósitos del diálogo? Auténtica autonomía e imparcialidad de los órganos electorales; garantía de elecciones libres, equitativas y competitivas; fortalecimiento de la ciudadanía, asiento del ejercicio de la soberanía; conversión de votos en curules y escaños sin sobre ni sub representación; respeto a la pluralidad política, y diálogo y construcción de consensos para modificar la Ley Suprema.

¿Es mucho? Puede serlo para la voluntad absolutista, pero no para la voluntad democrática. Es lo que plantea el FAD. La ciudadanía que allí converge no está dispuesta a que alguien decida sin considerarla. Lo democrático -y que inspira al Frente- es que las decisiones sobre los derechos y las obligaciones político-electorales, porque tienen consecuencias para las personas ciudadanas y sus vidas, las tomen cabalmente en cuenta. Hoy la limitada representación de la pluralidad de la Nación en el Congreso y las reformas polémicas de 2024 y 2025 no permiten confiar en que así será. Sin pluralidad no habrá legitimidad.