Conforme a los registros de la OCDE, la recaudación tributaria mexicana en 2023 fue de 17.7 por ciento del PIB, lejos del 34 por ciento promedio de sus miembros. Para 2025 los ingresos presupuestarios totales, que comprenden tributarios y no tributarios, se estimaron en 22.2 por ciento del PIB. Es indudable la existencia de una insuficiencia en la hacienda pública, pues el gasto público se encuentra estructuralmente limitado y ello frena el desarrollo con justicia deseable.

En los grandes rubros de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2026 se plantearon y aprobaron ingresos totales por 10 billones 193 mil millones de pesos (8.75 por ciento más que en 2025), de donde 5 billones 838 mil millones de pesos provendrán de impuestos (9.27 por ciento más que en 2025) y 1 billón 472 mil millones de pesos con cargo a financiamientos (15.37 por ciento más que en 2025).

Bajo el mantra de que no se contemplaron nuevos tributos, lo cual es falso en el que se estableció, por ejemplo, para los videojuegos con violencia, pero que sirve para eludir el tema de la reforma hacendaria integral necesaria, se aprobaron incrementos en las contribuciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos, con cargo a su alto contenido calórico y la idea de prevenir enfermedades al desalentar su consumo por esa vía. No obstante, el entendimiento entre el gobierno y las empresas productoras de bebidas saborizadas para atemperar el alza impositiva, llamó la atención que los números de la iniciativa no se modificaron en el dictamen y los rubros del artículo 1º de la LIF 2026 quedaron inalterados, como lo destacó Doña Lety Robles en su momento.

También, vale decirlo, se incrementaron los gravámenes por concepto de juegos con apuestas y sorteos, tabacos labrados, alimentos no básicos con alto contenido calórico y bebidas alcohólicas, al tiempo que se estableció el ya aludido impuesto a los videojuegos con violencia, sin establecer la relación de causalidad entre esa modalidad de entretenimiento y la prevención y contención de hechos ilícitos. Nótese la línea de los cartabones de la moralidad y de la alimentación sana de la burocracia hacendaria. Veamos el incremento en la siguiente tabla de elaboración propia:

Si la inflación anual a septiembre último se estimó en 3.76 por ciento, de los gravámenes enlistados sólo el correspondiente a las cervezas es menor. Otros podrían asumirse en un parámetro razonable, pero los relativos a tabacos, juegos con apuestas y refrescos muestran un carácter eminentemente recaudatorio. Con respecto al incremento del porcentaje de los ingresos totales representan diferenciales de casi seis puntos, 17 y poco más de 33, respectivamente.

Dirán quienes prepararon, autorizaron y aprobaron estos incrementos “que paguen el vicio, las aficiones no edificantes y la bebida que puede causar daños a la salud, a fin de disminuir el destino del gasto que ahora se hace en ello”. Quizás. Sin embargo, no hubo cálculo o argumentación consistente, porque las recaudaciones estimadas no se vincularon a la variante de que habrá menos práctica de esas actividades o consumo de esos bienes.

Ahora, llama la atención el exponencial aumento de la imposición a los refrescos por los grupos de población que lo soportarán. Me hago cargo del alegato de que lo recaudado se destinará al gasto en salud, si bien no dejan de ser expresiones de buena fe, pues ese ingreso no está técnicamente atado a un gasto, ni resultará auditable en ese sentido. Salvo una modificación legal -no se propuso siquiera- que encapsulara esos ingresos y los destinara a determinado gasto de salud, todo queda en una intención de cumplimiento inexigible.

Pero veamos el carácter perjudicial de lo aprobado para las personas de menores ingresos relativos en el país. Partamos de que los cinco deciles de menores ingresos aportan el 23.3 por ciento de los ingresos totales del país y el decil con mayores ingresos lo hace con el 30.3 por ciento. En el primer decil el gasto total trimestral es de 65 mil 836 millones de pesos y de 458 mil 148 millones de pesos en el décimo; en el I se destina 2.22 por ciento del gasto en refrescos y el X 0.27 por ciento para ello (uso la tabla elaborada y publicada el 20 del actual por Gerardo Esquivel milenio.com/opinión/gerard…). En otra perspectiva, el primer decil eroga 1,461 millones de pesos trimestrales en refrescos y el décimo 1,237 millones trimestrales. Si tomamos los primeros cinco deciles, contribuirán a partir de un gasto trimestral de 7,996 millones de pesos y los dos últimos a partir de un gasto de 2,851 millones de pesos.

El incremento de este impuesto indirecto será soportado por los hogares con menores ingresos relativos. La titular de la presidencia de la República ha tratado de explicar el propósito de la medida fiscal, así como de argüir que bastaría con que las personas se abstuvieran de consumir refrescos; creo que mencionó un cierto número menor al mes para mantener la disposición de gasto sin alteración en el incremento impositivo. Es decir, la cuenta sin el contexto: consume menos y contribuirás igual, pero ese no es el cálculo de la LIF 2026.

Retomo dos líneas sobre este impuesto: el incremento no va acorde con el discurso gubernamental de favorecer a las personas económicamente más vulnerables; y la recaudación para destinarlo a programas de salud carece de fuerza legal y fiscalización, aunque haya motivado compromisos para disminuir el contenido calórico de los refrescos, que eventualmente pueden mejorar el perfil de las afectaciones actuales de su excesivo consumo.

Ahora bien, lo resuelto para 2026 no resuelve y únicamente posterga. Se requiere la reforma hacendaria integral; recaudar conforme a la fortaleza de la economía nacional (aún sin crecimiento), revisar la distribución del ingreso con sentido federalista y erogar con auténtica rendición de cuentas. Cuando los escándalos de corrupción al más alto nivel con cargo al fisco parecen quererse olvidar en la cúpula gubernamental, ya retoma la sociedad la premisa de que contribuir al gasto público, al final sólo abona a los enriquecimientos ilícitos.

¿Fue insensibilidad hacendaria o torpeza política?

(Agradezco la información estadística a Mauricio Rodríguez y Sebastián Canseco).