La negligencia que deja a Chihuahua sin agua: una crisis ignorada

El acceso permanente y continuo al agua potable, por injusto que parezca, se ha convertido en un lujo que muchas familias en nuestro estado no pueden permitirse. Este problema no es nuevo, pero lo que es nuevo es el nivel de desesperación e indignación que sentimos quienes vivimos esta realidad. Como servidora pública y también como ciudadana, no voy a ser cómplice de la indiferencia ni del silencio.

Resulta inaceptable que, mientras miles de familias sufren por la falta de agua, las autoridades se atrevan a implementar un tarifazo, un aumento en las tarifas del servicio que no solo es injusto, sino cruel. No podemos permitir que los chihuahuenses carguen con el peso de una infraestructura deficiente. ¿Cómo se atreven a exigir más dinero por un servicio que no están garantizando? Este incremento es una muestra del desprecio hacia las necesidades básicas de nuestra gente. Desde Movimiento Ciudadano, hemos exigimos que se revoque de inmediato esta medida insensible, sin respuesta alguna, solo silencio.

La crisis del agua es el reflejo más claro de un sistema que ha fallado rotundamente. Mientras las tuberías rotas siguen derramando miles de litros, y mientras las inversiones necesarias se postergan una y otra vez, las familias enfrentan días enteros sin una gota de agua. Esto no es solo ineficiencia; esto es negligencia. Mejorar la infraestructura no es una sugerencia, es una exigencia urgente. Si las autoridades no son capaces de cumplir con esta responsabilidad, que lo digan claramente y den paso a quienes sí estén dispuestos a trabajar.

La falta de agua no es un problema técnico ni financiero únicamente; es una crisis que refleja la falta de empatía y voluntad política de quienes nos gobiernan. Es momento de cuestionar por qué seguimos enfrentando este problema en pleno siglo XXI, mientras otros estados avanzan con tecnología y gestión eficiente. Aquí, en cambio, seguimos atrapados en promesas vacías. Esta situación demanda una reestructuración total de cómo gestionamos y priorizamos nuestros recursos. Urge que se implemente un plan estratégico de emergencia que ataque de raíz esta problemática.

Como parte de mi compromiso, estaré recorriendo cada rincón del estado para escuchar de primera mano el clamor de las familias afectadas. No me quedaré atrás de un escritorio esperando reportes; saldré a las calles, a las colonias y a las comunidades. Quiero que cada historia, cada testimonio, sea un recordatorio de que esta lucha no puede postergarse más. Si en el pasado las autoridades han negado la gravedad del problema, nosotros pondremos fin a esa mentira. La falta de agua es una emergencia que ya no puede ignorarse.

¿Qué vamos a hacer como sociedad y como gobierno? La respuesta es simple: actuar. Como ciudadanos, debemos organizarnos, exigir y no bajar la voz hasta que se cumplan nuestras demandas. Y como funcionaria pública, estoy obligada a luchar con firmeza para garantizar que el agua vuelva a ser lo que siempre debió ser: un derecho humano fundamental, no un privilegio reservado para unos pocos.

Estoy decidida a que este problema deje de ser una condena para nuestras familias. No hay tiempo que perder, porque cada día sin agua es un día en que se vulneran nuestros derechos y nuestra dignidad. Esto no es solo un llamado a la acción; es una declaración de lucha.