La reforma judicial en Chihuahua: Morena el responsable

La elección de magistraturas, jueces y juezas, así como la conformación del órgano administrativo y el tribunal de disciplina, se ha convertido en un tema candente en el país, y Chihuahua no es la excepción. Algunos apuntan al gobierno local, pero no perdamos de vista que esta reforma fue impuesta por la mayoría de Morena en el Congreso. Sí, en este caso el culpable tiene nombre: Morena y su expresidente nos han metido en este enredo.

La reforma judicial aprobada en 2024, impulsada por la administración anterior, introdujo la elección popular de juezas, jueces y magistraturas. Esta medida, que en "teoría" busca democratizar la justicia —como si la elección popular garantizara un mejor servicio— ha generado más problemas que soluciones. La reciente decisión del Senado de seleccionar candidaturas judiciales mediante sorteo, eludiendo evaluaciones de idoneidad, es un claro ejemplo de cómo se ha desvirtuado el proceso.

Es irónico que quienes promovieron esta reforma ahora se laven las manos ante el caos generado. La renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación Judicial a nivel federal es una señal de alarma que no podemos ignorar. La independencia judicial, pilar de nuestra democracia, está en riesgo. Esta reforma ha cambiado las reglas del juego de manera peligrosa para nuestra democracia.

En Chihuahua hemos tenido que adaptarnos a este desorden institucional e intentar minimizar sus efectos. No se trata de defender a ultranza al gobierno o al Congreso local (que, al final, solo tuvo que acatar), sino de recordar dónde se originó el problema: en Morena. La administración de la Gobernadora Maru Campos enfrenta uno de los retos más fuertes de su gobierno: lidiar con una reforma heredada que, lejos de fortalecer el sistema judicial, lo ha puesto en jaque y amenaza su estabilidad.

Sin embargo, como ha demostrado hasta ahora la Gobernadora y quienes integramos el Consejo de la Judicatura Estatal, entendemos que es fundamental velar por quienes trabajan en la institución, no por razones políticas, sino por humanidad y respeto a sus derechos humanos y laborales, a diferencia de otros estados donde simplemente han dejado a la gente a su suerte.

Es momento de reflexionar sobre las decisiones tomadas en el pasado y sus consecuencias en el presente. La justicia no debe ser un juego de azar ni una moneda de cambio política. Debemos mantener una vigilancia activa, fortalecer la rendición de cuentas y defender a las personas que sostienen el sistema de justicia.

En conclusión, antes de señalar, recordemos quiénes nos trajeron hasta aquí y asegurémonos de que este error no se repita en las urnas este junio. Es responsabilidad de todas las personas, especialmente de las expertas en política y ciudadanía de Chihuahua, analizar con objetividad y exigir soluciones que fortalezcan, y no debiliten, nuestra justicia.