Mi voto a favor del rescate bancario dio viabilidad económica a México: Omar Bazán

El exdiputado federal sostiene que la decisión adoptada por la LVII Legislatura fue difícil, pero necesaria para proteger a los ahorradores, evitar la paralización del crédito y establecer reglas institucionales frente a una crisis bancaria de dimensión nacional.

El Dr. Omar Bazán Flores afirmó que su voto a favor de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, durante la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, respondió a la responsabilidad de impedir que la crisis financiera mexicana se convirtiera en un colapso económico todavía más grave para millones de familias.

“Mi voto afirmativo contribuyó a darle viabilidad económica a México. Fue una decisión difícil, tomada en circunstancias extraordinarias. Estaban en riesgo el ahorro de las familias, el sistema de pagos, el financiamiento de las empresas y la estabilidad de todo el país”, señaló.

La dimensión real de la crisis

Bazán Flores recordó que la votación legislativa no puede analizarse separada de la emergencia que México había enfrentado desde finales de 1994.

La crisis cambiaria provocó una fuerte depreciación del peso, salida de capitales, aumento de las tasas de interés y una profunda contracción económica. En 1995, el Producto Interno Bruto de México cayó 6.2 por ciento, mientras que la inflación llegó aproximadamente a 52 por ciento, de acuerdo con información histórica del Fondo Monetario Internacional. Fue una de las recesiones más severas del país en el siglo XX. Fondo Monetario Internacional⁠

La devaluación y el incremento de las tasas golpearon directamente a las familias y a las empresas que tenían créditos. Las mensualidades de viviendas, automóviles y negocios aumentaron, numerosos deudores dejaron de pagar y la cartera vencida de los bancos creció aceleradamente.

Un análisis del Banco Mundial señala que, para diciembre de 1994, alrededor del 35 por ciento de los créditos del sistema bancario presentaba problemas de incumplimiento y aproximadamente una tercera parte de los préstamos estaba denominada en moneda extranjera. Banco Mundial⁠

La dimensión del deterioro fue sistémica: para finales de 1995, instituciones que representaban más del 80 por ciento de los activos del sistema bancario habían recibido alguna modalidad de asistencia financiera gubernamental, según un estudio del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional⁠

“Estos datos permiten comprender que no se trataba de rescatar solamente a determinadas instituciones. Estaba en riesgo el funcionamiento de la economía nacional. Si los bancos dejaban de responder a sus depositantes y se interrumpían los pagos y el crédito, las consecuencias habrían llegado a cada hogar, comercio, empresa y centro de trabajo”, expresó Bazán.

Una decisión legislativa frente a una crisis existente

El exlegislador precisó que la crisis bancaria y las primeras intervenciones financieras comenzaron antes de la discusión de 1998. La responsabilidad de la LVII Legislatura consistió en establecer un marco legal para proteger el ahorro, regular los apoyos extraordinarios y crear una institución pública encargada de administrar el nuevo sistema.

El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados dio origen a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB. La ley fue publicada el 19 de enero de 1999 y entró en vigor al día siguiente.

La propia Cámara señaló que el ordenamiento tenía como finalidad proteger los depósitos de los ahorradores, regular los apoyos financieros excepcionales y establecer las bases de funcionamiento de la nueva institución. También incorporó revisiones y auditorías para determinar responsabilidades y excluir operaciones irregulares. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados⁠

“Mi voto no fue para justificar abusos, encubrir irregularidades ni proteger privilegios. Fue para impedir que la crisis terminara destruyendo el patrimonio de las familias y para sustituir un mecanismo de emergencia por una institución regulada, sujeta a la ley, a la fiscalización y a la rendición de cuentas”, puntualizó.

Proteger a los ahorradores no significa absolver a los responsables

Bazán Flores reconoció que el rescate bancario generó un elevado costo fiscal para México y continúa siendo uno de los episodios más debatidos de la historia económica nacional.

Por ello, dijo, es indispensable distinguir entre la necesidad de preservar el sistema financiero y la obligación de investigar los créditos irregulares, deslindar responsabilidades, recuperar activos y sancionar a quienes se hayan beneficiado indebidamente.

“Defender la estabilidad financiera no significa socializar irresponsablemente las pérdidas privadas. Significa evitar que los errores, excesos o conductas ilícitas de algunos provoquen la caída de toda la economía. La intervención debía acompañarse —como sostuvimos— de auditorías, transparencia, recuperación de recursos y sanciones”.

Los estados financieros del IPAB correspondientes a 1999 señalan que el Instituto asumió los derechos y obligaciones del Fobaproa, pero que los programas de capitalización y compra de cartera quedarían sujetos al cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley, incluyendo la conclusión de las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados y el deslinde de responsabilidades. Gaceta Parlamentaria⁠

La responsabilidad de decidir

Bazán Flores sostuvo que las decisiones de Estado no siempre se toman en escenarios ideales. En una emergencia, un representante popular debe considerar tanto el costo de actuar como las consecuencias de permanecer inmóvil.

“En ese momento había dos riesgos: asumir el costo de una intervención acompañada de nuevas reglas y controles, o permitir una ruptura desordenada del sistema bancario que podía arrastrar los ahorros, los empleos, las empresas y la capacidad de pago del país. Optamos por defender la estabilidad nacional y el patrimonio de los mexicanos”.

Agregó que la experiencia dejó lecciones que no deben olvidarse: una banca sólida necesita regulación efectiva, capital suficiente, supervisión permanente, límites a la concentración de riesgos y mecanismos que impidan que los administradores irresponsables trasladen sus pérdidas a la sociedad.

“Con la perspectiva del tiempo, sostengo mi decisión. Sin duda fue difícil, pero si México volviera a encontrarse en condiciones financieras semejantes, volvería a votar a favor de proteger a los ahorradores y preservar la economía nacional. Lo haría exigiendo todavía más transparencia, controles, recuperación de activos y justicia”.

“Un legislador no está para elegir solamente las decisiones populares. Está para asumir, con información y responsabilidad, aquellas que eviten un daño mayor al país. Cuando está en riesgo la estabilidad de México, no se puede evadir el deber por temor al costo político”, concluyó.

Dr. Omar Bazán Flores
Por la afirmativa
LVII Legislatura Federal, 1997–2000
Palacio Legislativo de San Lázaro