Mira lo que hacen

• Consiguió Andrea aplausos del Senado para combatiente fallecido
• Y recursos ¿para cuándo?
• Fiscal Jáuregui con empresarios
• No hay información sobre protestas de maestros para hoy
• Mejoran carreteras estatales
• Con reforma, busca Joss Vega modernizar la gestión urbana
• A punto de quiebre relación México-EU por combate al crimen organizado

La senadora Andrea Chávez publicó en sus redes sociales, muy orgullosa, que tras conversar con la mamá de Karel Navarro Núñez, quien lamentablemente perdió la vida al combatir un incendio forestal en el ejido Las Playas, municipio de Casas Grandes, acordó en el Senado un minuto de aplausos.

Sería lamentable que la influyente Senadora sólo haya logrado el aplauso de los legisladores, que, por cierto, a nadie le importan. Lo realmente importante es que la legisladora logre un acuerdo para proteger económicamente a la familia de Karel, quien entregó su vida para proteger a los demás.

Lo aplaudible hubiera sido escuchar un posicionamiento para exigir que se le regrese el presupuesto a la Conafor, que ha tenido una reducción, según notas periodísticas, de hasta el 50% y que, como consecuencia, hoy los incendios forestales no puedan ser apagados, a pesar del esfuerzo que combatientes que algunos sí son parte de los gobiernos y reciben un sueldo, pero muchos otros se han sumado de manera voluntaria ante la grave situación que se vive en varias regiones de la Sierra Tarahumara.

No Senadora, un minuto de aplausos de políticos no le basta a la familia de Karel ni a cientos de brigadistas que están poniendo su vida en riesgo para apagar los incendios. Es el momento de que utilice sus influencias para que se aprueben recursos extraordinarios o que de alguna manera se sume el gobierno federal con más fuerza en la lucha que se está dando en la sierra de Chihuahua.

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Buen evento del fiscal César Jáuregui con el Consejo Directivo de Coparmex. La temática no podía ser otra que el combate a la delincuencia, principalmente el secuestro, pues ha generado alerta n los empresarios ante el resurgimiento de algunos casos, sobretodo en Juárez, como lo advertíamos ayer en Mira lo que hacen.

Se dieron cita varios de los empresarios pesados de Chihuahua, a quienes les informó que se enero a abril se atendieron 21 secuestros. Para sorpresa de muchos, Jáuregui detalló que la delincuencia actuó no sólo con gente de condición económica alta, sino que también se presentaron casos de trabajadores de maquila que fueron privados de la libertado por criminales.

Jáuregui explicó que se actuó con efectividad y que de los 21 casos, se resolvieron 19, con el rescate de las víctimas y la detención de los presuntos secuestradores.

Según explicó a los empresarios, al atacar y detener el flujo migratorio, hizo que los delincuentes comenzaran con el secuestro extorsivo, lo que provocó el incremento de las estadísticas por este delito. Un dato que llamó la atención es que según el fiscal César Jáuregui, el flujo de personas en situación de movilidad, se había convertido en un negocio de 100 millones de dólares mensuales para el crimen organizado. De ese tamaño las ganancias.

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Como lo anticipamos, no hay al momento aviso alguno por parte de la disidencia y sindicatos magisteriales sobre acciones de protesta hoy día del maestro, salvo la suspensión de clases en el sistema básico.

Las declaraciones del subsecretario de Educación Básica de Chihuahua, Arturo Parga Amado, en tal sentido, buscan apagar los rumores de un posible paro indefinido anunciado por la Red de Defensa Magisterial en apoyo a la estrategia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La amenaza, que podría haber sacudido el sistema educativo estatal, parece no haber encontrado eco, según reportes preliminares oficiales.

La Secretaría de Educación no solo desestima la posibilidad de un paro, sino que refuerza la narrativa de estabilidad y compromiso. “Los docentes están cumpliendo con su labor de forma habitual”, afirmó Parga, destacando el esfuerzo de los maestros para mantener el rumbo del ciclo escolar 2024-2025.

Ya veremos en las próximas horas

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En donde se asegura que no le aflojan al trabajo es en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, principalmente en el tema carretero, luego de que el año pasado se aprobara una inversión millonaria cercana a los 2 mil 700 millones de pesos para reconstrucción y rehabilitación de tramos estatales.

Hay que decir que el secretario Jorge Chanez avanza en el plan de trabajo e incluso, dicen, le alcanza para empujar un poco y ayudar a la directora del Centro SICT Imelda Guerra para que su dependencia se active, porque la verdad, poco o nada de la SICT en Chihuahua, aunque claramente no es un asunto que dependa de ella totalmente.

Lo que es cierto es que los tramos carreteros estatales presentan una mejoría visible y eso ha dado una mayor seguridad para los usuarios de las carreteras al reducir los accidentes. Lo preocupante es cuando los conductores pasan la jurisdicción estatal.

En fin, no es un tema nuevo, pero las exigencias ciudadanas continúan presentes un día sí y otro también para que sean reparadas las carreteras en mal estado y la inmensa mayoría de los tramos referidos se encuentran a cargo de la 4T.

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En un estado como Chihuahua, donde el crecimiento urbano y la sostenibilidad son retos constantes, la iniciativa de la diputada Joceline Vega Vargas para reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano marca un momento clave en la agenda legislativa.

Al frente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, la legisladora del PAN encabezó una mesa de trabajo que reunió al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), Gabriel Valdez, y al director de Desarrollo Urbano, Juan Carlos Chaparro, para analizar una propuesta que busca modernizar la gestión urbana en el estado.

La reforma, que abarca modificaciones a 35 artículos, no es un ejercicio menor. Entre sus puntos más relevantes está la intención de clarificar las responsabilidades de quienes gestionan el desarrollo urbano, garantizando un marco más preciso y eficiente. Pero lo que realmente destaca es el énfasis en la participación ciudadana. Incorporar a la población en la planeación urbana, junto con las opiniones de los Consejos Consultivos de Ordenamiento Territorial Metropolitana, refleja una visión que busca democratizar decisiones que impactan directamente en la calidad de vida.

A esto se suma la propuesta de reducir los tiempos de respuesta para licencias y permisos, un cambio que podría agilizar proyectos y disminuir la burocracia, un reclamo recurrente de ciudadanos y empresarios.

La complejidad de modificar 35 artículos requiere un análisis exhaustivo, como lo demuestra la programación de una nueva mesa de trabajo para el 19 de mayo. Este ritmo pausado, aunque necesario, pone a prueba la capacidad del Congreso para mantener el impulso y evitar que la reforma se diluya en el torbellino legislativo.

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La propuesta de Donald Trump al gobierno mexicano de enviar tropas a suelo nacional para combatir a los cárteles, negada tajantemente por la presidenta Sheinbaum, ya tuvo respuesta por parte del magnate norteamericano.

Al menos así lo evidencian el retiro de visas a figuras morenistas por presuntos nexos con la delincuencia organizada, el trato preferencial como testigo protegido a Ovidio Guzmán y el acceso a territorio gringo de su familia y ahora la posible aprobación de un impuesto del cinco por ciento sobre las remesas que envían los paisanos a México.

Lo más que pudo señalar ayer la doctora Sheinbaum, fue el cuestionar al gobierno norteamericano por negociar con criminales.

El impuesto del cinco por ciento, que se discutía ayer en la Cámara de Representantes, sobre las remesas enviadas al extranjero, incluido en el proyecto de Ley Fiscal, ha desatado un intenso debate sobre sus implicaciones económicas, sociales y políticas.

Este gravamen, que afectaría a más de 40 millones de personas, incluidos residentes permanentes y titulares de visas no inmigrantes como las H-1B, H-2A y H-2B, exime a los ciudadanos estadounidenses, pero pone en la mira a comunidades migrantes que sostienen economías enteras en sus países de origen.

El flujo de remesas es un pilar fundamental para muchos países en desarrollo, particularmente en América Latina.

En México, por ejemplo, las remesas alcanzaron los 63,300 millones de dólares en 2023, representando una fuente de ingresos mayor que el turismo o las exportaciones de petróleo.

El Senado mexicano ha calificado el impuesto como una “doble tributación injusta” que afecta a los trabajadores migrantes, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha instado a reconsiderar la medida por sus daños económicos a ambos lados de la frontera.

El hecho es que la relación México-Estados Unidos, en materia de combate al crimen organizado, está al punto del quiebre.

Y es que el vecino país está enfocado en evidenciar la presunta relación de funcionarios y gobernantes morenistas con la delincuencia organizada.