
Chicharito no es el único problema: el machismo cotidiano sí
Venció el plazo para la inscripción de los aspirantes a formar parte del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que según se supo, tendrá una vacante, por lo que se emitió convocatoria y el próximo 9 y 10 de agosto se llevarán a cabo las entrevistas a los mejores perfiles evaluados a cargo de la Comisión de Selección.
Fueron 45 aspirantes los que buscan la chuleta de 80 mil pesos mensuales, cargo al que aspiran, priistas, panistas, morenistas y hasta duartistas. Y desde luego aquellos que se inscriben a todas las convocatorias públicas.
Tal es el caso de Gerardo Macías Rodríguez, todavía consejero del IEE, y que ha buscado ser magistrado en el TEJA y en el TSJ, presidente de la CEDH; también está el caso de Gabriel Alejandro Vidaña, abogado penalista y electoral; Gilberto Sánchez Esparza, ex consejero del IEE y quien también cada seis meses se inscribe a algo.
Morenistas como Carlos Alberto Morales Medina, protegido de Yanko Durán, presidenta del IEE, y quienes además esperan que el también morenista y masón Genaro Alonso García Martínez, quien además de ser particular de Yanko es presidente de la Comisión de Selección, opere y meta a la terna finalista a Carlos Morales. También del IEE se inscribió Jorge Alberto Molina Tapia, del corral de Cristopher James Barousse, y que ingenuamente piensan que Duarte y compañía los acomodarán en el SEA.
También está el caso de Erick Martínez Ruíz, un ex priista que intento ser panista para tener un hueso en la UACH y ahora cercano a los grupos de Morena, tampoco se sabe cuál es su experiencia en temas anticorrupción para haberse inscrito; o el caso de Pablo Alvídrez Peña, quien ha servido a intereses de morenistas y del PVEM que lo han mantenido en la nómina del Congreso del Estado, pero que tampoco puede acreditar experiencia en la materia.
En fin, ojalá que la Comisión de Selección, infiltrada por morenistas, sea capaz de evaluar a un buen perfil técnico que tenga las capacidades necesarias para ocupar la vacante del CPC. Seguramente lo hay, pues a simple vista de las trayectorias cargadas en internet, hay personas con experiencia en rendición de cuentas, anticorrupción y transparencia.
Por cierto, son cada vez más pocos los bastiones “autónomos” que la 4T no ha reformado desde la Constitución.
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Por fin Acción Nacional pasó de la retórica opositora y entrega de apoyos en colonias al activismo en defensa de causas sociales.
Como se sabe, el gobierno de Morena excluyó a la ciudad de Chihuahua en el programa de construcción de hospitales del Seguro Social, porque la administración de Maru Campos no se suscribió al esquema IMSS-Bienestar y creó el sistema Medi Chihuahua, que ha sido exitoso.
Las unidades del IMSS en la capital significan un verdadero suplicio para los usuarios.
Basta con ir a las áreas de urgencia para corroborar el hacinamiento mientras que el esquema de citas con especialistas un caos.
Si alguien requiere una cirugía o evaluación, deberá esperar hasta seis meses si bien le va.
El caso es que ayer la dirigencia estatal panista encabezó una protesta en la clínica Morelos por el “castigo político” a Chihuahua.
Junto con legisladores federales y estatales, Daniela Álvarez demandó equidad para un estado que aporta más de 600 millones de pesos mensuales al IMSS y 10 mil millones anuales solo desde el sector manufacturero.
La exclusión no es un hecho aislado. Desde hace una década, los gobiernos estatal y municipal ofrecieron un terreno para un nuevo hospital, pero la promesa federal, vigente desde 2019, sigue en el limbo.
A esto se suma un recorte de más del 50% en el presupuesto de salud para Chihuahua, con una reducción adicional del 17% proyectada para 2026.
El resultado: un IMSS colapsado, con desabasto de medicamentos, omisiones médicas y esperas interminables para cirugías.
Sobre eso, la diputada Yesenia Reyes, presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, acusó que el abandono federal a Chihuahua ha causado muertes fuera de hospitales y un trato indigno a los chihuahuenses.
Los panistas lamentaron que mientras el Gobierno Federal presume una inversión millonaria para 23 estados, Chihuahua queda relegado, a pesar de que el 59% de las quejas ante la CNDH señalan deficiencias del IMSS.
Daniela Álvarez retó a los legisladores de Morena a un debate público para demostrar si IMSS-Bienestar realmente beneficia a los ciudadanos o es solo un instrumento de control político.
En tanto, el Congreso del Estado acordó hacer un exhorto al gobierno federal para que atienda la petición de miles de usuarios del Seguro Social en el estado de Chihuahua.
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La gobernadora Maru Campos, hábil como siempre en la cosa pública, se pronunció ayer a favor de reducir el número de diputados plurinominales y los costos de los procesos electorales, esto al ser cuestionada sobre la reforma electoral que será propuesta desde el Ejecutivo Federal.
Campos recordó que el Partido Acción Nacional (PAN) ha sostenido históricamente esta postura: "Desde el PAN siempre estuvimos a favor de disminuir los diputados plurinominales", afirmó.
No profundizó sobre los temas que han trascendido en torno a la reforma electoral en puerta, pero insistió en que la discusión debe centrarse en simplificar y hacer más eficiente el sistema electoral.
El proyecto de reforma está ahora en manos de Pablo Gómez, ex titular de la UIF y luchador social de izquierda radical, como lo apuntamos ayer en este espacio.
De ahí las inquietudes vertidas en las últimas horas por analistas en torno al fondo real de la eventual reforma electoral planteada en la administración de López Obrador y que sigue la doctora Claudia Sheinbaum con sello propio.
Si en algo se ha destacado la 4T es en una política de control social, al estilo de Corea, Nicaragua, Venezuela y Cuba, por citar ejemplos.
Ya extinguieron el sistema nacional anticorrupción y entes autónomos como el INAI, el Coneval que garantizaba la evaluación real de los programas sociales; tienen el control de la energía en el país, las telecomunicaciones, la evaluación educativa-hoy por los suelos- y, la joya de la corona: el poder Judicial.
La gran duda ahora es cuál será el modelo de democracia que perfila MORENA para el país.
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Por otro lado, en la sesión de ayer de la mesa directiva, fue rechazado un punto de acuerdo de la diputada morenista Brenda Ríos.
Ella quería crear un micro sitio en la página web del Congreso para “subir” información sobre cómo se va ejerciendo el crédito por 570 millones, autorizado al municipio de Chihuahua para obras de infraestructura urbana.
Brenda, quisquillosa como siempre, argumentó que se trata de una herramienta para transparentar al pueblo el uso del crédito.
Se le olvida a la morenista que eso de la transparencia y rendición de cuentas no se le da a la 4T, ahí está la extinción del INAI como órgano autónomo y ahora, como hace décadas, será el mismo gobierno el censor de la información pública.
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Ayer el alcalde de Parral Chava Calderón se volvió a volar la barda. Así ha sido en las últimas semanas, primero con la rifa de una moto que se sacó uno de sus propios colaboradores y que le generó cientos de críticas y ahora se fue contra los periodistas y medios de comunicación de parral.
En entrevista se le cuestionó por un supuesto mural que un artista prestó o donó para ser exhibido y que al parecer se encuentra desaparecido. El autor reclamó su trabajo y los medios cuestionaron al alcalde sobre el tema, quien luego de la insistencia en las preguntas contestó que revisaría la situación.
Pero no fue todo, Calderón les expresó a los reporteros que lo entrevistaban: “muchos de ustedes tienen un convenio conmigo y no lo respetan, céntrense en lo bueno”, algunos dicen que de forma amenazante.
Parece que el alcalde no ha entendido que un convenio de publicidad no significa una camisa de fuerza para los medios o que se le va a publicar solamente las cosas buenas. Además, hubo más crítica debido a que refirió que los convenios son con él, como si los recursos salieran de su bolsa y no de los impuestos de los parralenses.
Ojalá el alcalde reflexione y evite ese tipo de comentarios que van en contra de la libertad de expresión y que no le abonan a todos los problemas y a la falta de resultados que la propia población le reclama.
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