
Aplican en Chihuahua 423 mil dosis contra el sarampión
En un país donde la salud debería ser un derecho, hoy parece un premio reservado para quienes obedecen. El reciente anuncio del Gobierno Federal sobre la construcción de nuevos hospitales del IMSS dejó claro que la salud se ha vuelto una herramienta política: Chihuahua, uno de los estados que más aporta al Seguro Social, fue excluido por completo. Ni un hospital. Ni una inversión.
Los datos no mienten. Chihuahua entrega más de 18 mil millones de pesos al año en cuotas obrero-patronales. Es de los estados más cumplidos, y aun así no recibió ni una sola obra en el nuevo programa federal de infraestructura hospitalaria. Mientras otros 23 estados sí están en la lista, el nuestro quedó fuera. ¿Por qué? ¿Cuál fue el criterio? ¿O fue castigo?
La respuesta parece estar en la negativa del estado a adherirse al modelo de IMSS-Bienestar, un esquema que concentra la atención médica en manos del Gobierno Federal. Desde la tribuna, la diputada federal Andrea Chávez lo dejó claro: al exigir públicamente que Chihuahua “se sume”, condicionó los recursos de salud a una decisión política. Aquí no hay omisión: hay represalia.
El IMSS en Chihuahua está colapsado. Cualquiera que intente agendar una cita lo sabe: la espera para un especialista puede superar los tres meses. Hay escasez de medicamentos, cirugías canceladas por falta de equipo y derechohabientes que prefieren endeudarse en clínicas privadas antes que arriesgarse a morir esperando. Esa es la realidad. No es discurso, es la vida cotidiana de miles.
En el Hospital Morelos, los pasillos sustituyen a las camas. En muchas clínicas familiares no hay médicos en turno y los medicamentos básicos, como metformina o antibióticos comunes, se agotan constantemente. ¿Dónde están los más de 18 mil millones que salen cada año de Chihuahua hacia el IMSS nacional?
Más del 60% de las quejas por fallas médicas en el país se dirigen al IMSS. Las denuncias hablan de negligencia, retrasos y desabasto. No se trata solo de números: médicos y enfermeros lo confirman todos los días. Faltan recursos, falta personal, falta planeación… sobran discursos desde Palacio Nacional.
Y mientras tanto, la fragmentación entre Birmex, el IMSS y la Secretaría de Salud provoca sobrefacturación, errores administrativos y fallas logísticas que impiden que los insumos lleguen a tiempo a quienes los necesitan. La “última milla” no es solo un problema técnico: es una línea entre la vida y la muerte.
La exclusión de Chihuahua del programa de hospitales no es inocente. Es una decisión con consecuencias reales: muertes evitables, enfermedades sin tratar y ciudadanos condenados a sobrevivir como puedan. Porque cuando un gobierno ignora a quien sí cumple, está diciendo algo más grave: que no todos los mexicanos valen igual.
Chihuahua no pide favores, exige justicia. En salud, la equidad no es una concesión: es una obligación. Y cuando Morena convierte la atención médica en arma política, pierde el derecho a llamarse gobierno. Hoy, levantar la voz no es solo necesario: es urgente.