Plan B o Caja China?

La presentación del Plan B de la reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy es, antes que nada, una maniobra política calculada para recuperar el control de la agenda nacional en un momento donde la narrativa del gobierno ha sido secuestrada por una variable que no controla: la presión estadounidense sobre el narcotráfico y la evidencia creciente de que amplias zonas del territorio mexicano funcionan como narco-estados de facto.

La sincronía temporal es reveladora. Justo cuando Washington incrementa la presión sobre México, Sheinbaum presenta una reforma electoral que busca monopolizar el debate político interno. El mensaje subliminal es claro: "hablemos de lo que yo quiero hablar, no de lo que Estados Unidos nos exige discutir".

El Plan B propone modificaciones a instituciones que profundizan la centralización del poder electoral en manos del oficialismo. Reducción de consejeros, recortes presupuestales adicionales, limitación de autonomía operativa, todo disfrazado de "austeridad republicana" y "democratización". La estrategia es vintage lopezobradorismo: destruir instituciones autónomas presentándolo como empoderamiento popular.

Pero la verdadera función de esta iniciativa no es mejorar la democracia electoral sino cambiar la conversación nacional. Mientras discutimos sobre el INE, no discutimos sobre los "plomeros" del Cártel de Sinaloa operando impunemente, sobre la incapacidad del gobierno para controlar territorio que formalmente gobierna, o sobre las amenazas cada vez menos veladas desde Washington de intervención unilateral si México no controla el flujo de fentanilo.

La apuesta de Sheinbaum es que una batalla legislativa sobre reforma electoral polarizará suficientemente al país como para generar cohesión en la base morenista, distraerá a la oposición de articular críticas sobre seguridad y narcotráfico, y permitirá al gobierno recuperar iniciativa política que ha perdido desde que la administración estadounidense hizo del tema del narco su prioridad en la relación bilateral.

El cálculo electoral es transparente: a quince meses de las elecciones intermedias de 2027, Morena necesita movilizar a su base. Una reforma electoral controversial cumple esa función mejor que admitir fracasos en seguridad. La polarización sirve al oficialismo porque convierte cada crítica al Plan B en "defensa de privilegios", desviando atención de temas incómodos reduciendo el debate nacional a una lucha de “los de a pie en contra de los privilegios”.

Para 2027, los votantes no preguntarán cuántos consejeros, cuanto cuesta los congresos a los estados, o cuantos regidores debe haber en cada ayuntamiento, sino si pueden caminar seguros por sus calles, si sus hijos están protegidos del fentanilo, si el gobierno controla efectivamente el territorio nacional. Ninguna reforma electoral responde esas preguntas. Y Sheinbaum lo sabe.

El Plan B es, finalmente, admisión implícita de que el gobierno no tiene respuestas satisfactorias para los problemas reales que enfrenta México. Cuando no puede controlar el territorio, reforma instituciones electorales. Cuando no puede negociar efectivamente con Estados Unidos, busca enemigos internos que devuelvan la narrativa que la 4T busca desesperadamente.

La pregunta para 2027 no es si este Plan B se aprueba o no. Es si los votantes mexicanos seguirán permitiendo que sus gobiernos los distraigan con reformas institucionales mientras el país se fragmenta territorialmente bajo control de poderes criminales que no respetan urnas ni constituciones. ¿Sera que nos distraemos con este tipo de hipocresías del régimen morenista? Hay datos demoledores; una semana de perdidas del Tren Maya, por ejemplo, pudiera cubrir los “ahorros” que se pretende con el Plan B. Hipocresía pura. Al tiempo.