Poder absoluto: Plan B de Morena

Las democracias no mueren de un día para otro. Se erosionan lentamente, reforma tras reforma, decisión tras decisión, hasta que un día el equilibrio desaparece. En México, el llamado “Plan B” electoral promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una tendencia más amplia: la concentración del poder político en un solo movimiento.

El partido gobernante, Morena, junto con sus aliados el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, controla hoy más del 75% de los escaños en la Cámara de Diputados de México. Sin embargo, en las urnas su votación apenas alcanzó alrededor del 56%.

La diferencia entre votos y representación no es un detalle técnico: es una señal de alerta democrática. Cuando un bloque político logra una mayoría legislativa que no corresponde proporcionalmente al respaldo ciudadano, el riesgo es evidente. Las instituciones dejan de ser contrapesos y comienzan a convertirse en instrumentos del poder.

En ese contexto, cualquier reforma electoral —como el llamado “Plan B”— despierta sospechas legítimas. ¿Se trata de fortalecer la democracia o de reducir la capacidad de la oposición para equilibrar al gobierno?

La historia política demuestra que los sistemas democráticos se debilitan cuando las mayorías buscan eliminar los límites que las contienen.

Sin embargo, México no es un país uniforme ni políticamente homogéneo. El federalismo sigue siendo uno de los principales contrapesos al poder central. Basta observar lo que ocurre en Chihuahua, donde la ciudadanía ha decidido respaldar proyectos políticos distintos al del gobierno federal.

En esta entidad, el Partido Acción Nacional mantiene una presencia política determinante. El Congreso local cuenta con una mayoría que responde a esa fuerza política, al igual que varias de las principales presidencias municipales. Este escenario refleja algo fundamental: los ciudadanos ejercen su voto con libertad y criterio propio.

La pluralidad estatal es, en esencia, la verdadera fortaleza del federalismo mexicano.

Pero el debate no termina en la representación política. También existe un tema fundamental: la relación fiscal entre la federación y los estados. Entidades como Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Querétaro son motores económicos del país. Desde estas regiones se genera una parte sustancial de los recursos que alimentan el presupuesto federal.

Sin embargo, la distribución de esos recursos no siempre responde a criterios de equidad o eficiencia. Con frecuencia se privilegia una lógica política distinta: la del gasto clientelar y el financiamiento de proyectos monumentales concentrados principalmente en el sur del país.

El problema no es invertir en una región u otra. El problema es hacerlo bajo criterios políticos y no bajo criterios de desarrollo nacional.

Mientras algunos estados generan riqueza, innovación y empleo, el retorno de inversión pública hacia ellos resulta insuficiente. Esto no sólo es injusto; también es económicamente ineficiente.

La fortaleza de México depende precisamente de sus regiones más dinámicas. Debilitar el federalismo, concentrar el poder político y centralizar las decisiones económicas no fortalece al país: lo empobrece institucionalmente.

Por eso el debate sobre la reforma electoral no debe limitarse a cuestiones técnicas. En realidad, estamos discutiendo algo mucho más profundo: el equilibrio del poder en la República.

Las democracias necesitan oposición, contrapesos y pluralidad. Cuando estos elementos desaparecen, lo que queda ya no es una democracia sólida, sino un sistema dominado por una sola voluntad política.

La advertencia no es nueva. Hace más de un siglo, el historiador británico Lord Acton escribió una frase que sigue siendo vigente:

"El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente."

México no necesita poder absoluto.

México necesita equilibrio.

Porque sin contrapesos, incluso las mejores intenciones terminan convirtiéndose en hegemonía.