Poder, justicia social y corrupción ¿Déjà vu?

Eventos y actos se suceden incesantes en el tránsito del segundo mandato de la retórica de la transformación. Atrás están los referentes para la apreciación de más largo plazo.

En lo inmediato, la celeridad para investir a la Sra. Ernestina Godoy Ramos como Fiscal General de la República; la participación mexicana en el sorteo para la integración de los grupos del campeonato mundial de fútbol de 2026 y el breve diálogo entre quienes tienen la función ejecutiva en Canadá, Estados Unidos y nuestro país; la concentración de los afines con capacidad e interés de movilización para ser valorados; el atentado de una camioneta convertida en bomba móvil en Coahuayana, Michoacán; el contraste entre el señalamiento jurídico de terrorismo y la enmienda política, con la mente en Washington, de no haber ocurrido ese delito, sino otro: delincuencia organizada, que de suyo acompaña siempre a otro tipo penal.

Los hechos y los actos marcan lo cotidiano, pero dejan la estela de la trayectoria; cada uno refleja el vínculo -esencial, incidental o accidental- con lo que tiende a permanecer: los propósitos y los objetivos, no exclusivamente propios, pues la voluntad es encausada por otra y otras, y por las circunstancias.

Obvio, el principal está dictado por el poder público; ejercerlo, acrecentarlo y mantenerlo en el horizonte del tiempo. Es la motivación y el hilo rector. Con cargo a ese centro, la resolución entre el pasado inmediato y el presente se define contra el peso de la naturaleza del cargo presidencial y la historia. A contrapelo de la responsabilidad asumida constitucionalmente se encuentra el razonamiento de sublimar la vocación por el legítimo compromiso de realizar una mejor y más justa distribución de la riqueza nacional, vía la revaloración del salario mínimo y la conformación amplia de subsidios presupuestales para grupos de población significativos y vulnerables.

El eje fundamental para alcanzar el propósito ha sido la concentración de la capacidad para decidir, hacer, señalar el ritmo y marcar la profundidad; por eso resulta paradójica la pervivencia del pasado inmediato, con los riesgos y las turbulencias que ello implica. Los tres poderes de la Unión en un alineamiento con quien define los intereses del Estado, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alineadas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía apegado a su función técnica, el Instituto Nacional Electoral en espera de la reforma que le hace falta al poder para capturarlo por completo, y reintegradas al poder ejecutivo las funciones de transparencia e información pública, competencia económica y telecomunicaciones. Hacia lo local la pauta reina sobre gobiernos correligionarios y ejerce presiones para los demás.

Se crea un entorno “institucional” que ha obligado al realismo pragmático de los ámbitos privados cuyas actividades requieren del trato y la convivencia relevante con el poder público. Los grupos empresariales más importantes del país se congregan alrededor de las convocatorias gubernamentales sin ánimo crítico o de exigencia, contentos de afirmarse propositivos bajo el capelo del discurso de los intereses superiores de la Nación y deseosos de que los dineros presupuestales factibles permanezcan a su alcance. Quizás piensen qué si hay entendimiento con el poder, la reforma judicial no les incomoda.

Para algunas personas será terreno conocido y para otras de referencia de generaciones anteriores, pero ya se vivió. ¿No habrá quien recuerde los arrebatos presidenciales de Luis Echeverría Álvarez o el paroxismo de José López Portillo en los estertores de su mandato?

Por el momento, la economía no crece y si bien no hay un escenario de crisis, la presión del creciente gasto social se hará sentir paulatinamente por que el entendimiento con el sector privado parece comprender el rechazo del público a la reforma hacendaria que tienda a resolver el problema de la baja recaudación para la dimensión de los bienes y servicios que se producen en el país, y a revisar la distribución entre los tres órdenes de gobierno.

La falla mayor en el diseño asumido y en ejecución es el incumplimiento del compromiso de actuar con honestidad y combatir la corrupción. Una de las lecturas del cambio en la FGR es la necesidad de tomar el control de los asuntos relacionados con las denuncias de corrupción más conocidas para que sus resultados no trasciendan a más personas y limitar las responsabilidades a los niveles de quienes ya han sido imputadas.

Alguien cambió de parecer y consideró que limitar las actuaciones resultaría menos dañino que ir al fondo de las investigaciones de la complicidad más amplia entre Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, y sus jefes, así como en las indagatorias de la red de exportación e importación ilegal de combustibles que implicó a funcionarios de la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México y agencias aduanales, pero cuya extensión y dimensión permite presumir nexos en ámbitos donde la impunidad se dio por cierta, como parece ocurrir.

Y la cuestión que ronda en la percepción limitadamente positiva sobre las acciones contra la delincuencia organizada más peligrosa: los datos sobre los nexos de titulares de cargos públicos, incluso de elección popular, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con quienes dirigen esos grupos. ¿Se actuará? Todo indica que no, aun cuando en la Casa Blanca esperarían otra cosa.

Si la corrupción es la cuestión en la cual el gobierno federal y la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo reciben ya una abrumadora calificación negativa de ocho de cada 10 personas (ver El Financiero del 01.12.2025), bien podría ser el elemento en el cual habría de concentrarse la pluralidad política que no tuviera que enfrentar señalamientos por conductas homólogas.

Se ha concentrado el poder con la paradoja de la “deferencia” al pasado inmediato; la economía está estancada y a quienes más habría de interesar que crezca intercambian reconocimientos cruzados al poder y a la institucionalidad, soslayando que la sublimación del subsidio demanda el crecimiento del producto; la corrupción al interior del régimen y la percepción de controlar el daño destacan como sus puntos más débiles.

Poder sin control ni contrapesos amparado en hacer justicia para las personas más vulnerables, que se permite la corrupción. ¿Déjà vu? Salvo en la deferencia con el pasado inmediato.

Siempre!